Así lo anunció este miércoles la portavoz del PPr de Educación en el Congreso, Sandra Moneo, en referencia a las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto en las que indicaba que algunas comunidades “reciben presiones para adaptar” sus manuales a ciertas exigencias ideológicas. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que está dispuesto a buscar otro modelo para conseguir una mayor homogeneidad en este terreno.

Según Moneo, “hasta la fecha, la alta Inspección solo actúa cuando hay una denuncia previa”. Su objetivo es evitar la censura previa” y vigilar que las editoriales “se mueven dentro de los límites de los diferentes reales decretos"

La idea sería, por tanto, reforzar su margen de actuación a la hora de revisar contenidos, ya sea en una versión inicial de los manuales o bien respecto al texto final, precisó.

De todos modos, Moneo indicó que estas propuestas deberán tratarse en la subcomisión parlamentaria para un pacto de Estado Social y Político por la Educación, y agregó que la “fórmula final estará sujeta a muchas negociaciones con el resto de la comunidad educativa y con todas las comunidades autónomas”.

En su opinión, se trata de dar cumplimiento al mandato constitucional que garantiza el derecho a la educación, y no es sólo “evitar sesgos ideológicos e incorrecciones históricas” como las menciones a teritorios que nunca existieron, sino también prevenir excesos como que se editen 20 versiones de un mismo manual.