El Gobierno de Navarra realiza este paso después de haber recabado el dictamen favorable del Consejo de Navarra, que considera que no cabe “reproche de inconstitucionalidad” al acuerdo, suscrito el pasado 18 de marzo de 2010 en el Palacio de Navarra en un acto al que asistieron el Presidente Miguel Sanz y el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.

Así, el Gobierno de Navarra debía someter el dictamen a la consideración del Consejo de Navarra y posteriormente deberá ser sometido a votación en las Cortes Generales.

La reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra adapta el texto aprobado en 1982 a la realidad jurídico-política existente, tras 28 años de vigencia.

La actualización, instada por el Ejecutivo foral, afecta a más de una veintena de artículos, entre añadidos y modificados, pero la reformas sustanciales consisten en la ampliación del plazo de la legislatura a cuatro años en caso de disolución anticipada del Parlamento de Navarra y convocatoria de nuevas elecciones, o la disolución de la Cámara si tres meses después de su constitución no se ha elegido al presidente de la Comunidad foral.

También se articula la participación de Navarra en la toma de decisiones de la Unión Europea que afecten a sus competencias o intereses. Además, se citan expresamente órganos derivados del desarrollo institucional de Navarra, como el Defensor del Pueblo o el Consejo de Navarra, se eliminan figuras ya inexistentes o disposiciones obsoletas, se citan otras, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra o Fiscal Superior, y se actualizan terminologías del año 1982, entre otras novedades.