Los dos fiscales a los que el fiscal jefe Anticorrupción, Manue Moix, habría intentado relevar del caso rubrican el informe en el que respaldan la prisión provisional por entender que González “se ha valido de sus relaciones personales en distintos sectores para entorpecer o dilapidar el procedimiento” judicial.

Para ello, asegura, “recurrió a personas pertenecientes al ente público Canal de Isabel II, del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial”. Los vínculos “han trascendido de la mera relación afectiva o familiar para forjarse como un pacto delictivo, es decir, una unión cuyo principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de `componendas ilícitas pagadas con dinero público´”.

Según fue avanzando el procedimiento judicial, explican los fiscales, los investigados, con González a la cabeza, “ampliaron su círculo de actuación a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito judicial y fiscal y en el Cuerpo Nacional de Policía para lograr la impunidad de sus actos”.

De hecho, el escrito relata que González ha reconocido haber recurrido a cargos del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía y de la Judicatura para conocer detalles sobre la marcha del procedimiento y cita las grabaciones que confirman la reunión con el secretario de Estado de Seguridad.

Con estos antecedentes, aseguran Yañez y García, “el riesgo de destrucción de pruebas es evidente”. A su juicio, González ha demostrado una “capacidad real de interferir en el normal desarrollo de la investigación por las vías ilícitas señaladas”.

Destaca también que los hermanos González se reunieron y mostraron su interés en conocer quien llevaba la investigación de su caso en la Policía. Dos días después Pablo Gonzalez se reunió con el secretario de Estado de Seguridad. El fiscal “valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado por lo que ello puede implicar”.

LA FAMILIA

En contra de lo que sostiene la defensa de González, el ministerio público indica que el hecho que de que el expresidente madrileño tenga familia no aminora el riesgo de fuga puesto que “la mayor parte de sus miembros presuntamente han intervenido en las actividades invetigadas”.

Además, Anticorrupción sostiene que la notoriedad pública de González no hace “impensable” que el investigado no se plantee huir de la justicia y señala que en otras ocasiones esa relevancia no impidió la fuga, por ejemplo, del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán.

Indica también que los asuntos que se investigan “repugnan a la sociedad, afectan a la esencia del Estado social y democrático de derecho, minan la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y merman gravemente el capital público”.

Estos elementos colocan a González, dice la Fiscalía, en una situación de “aislamiento social y económico en España que debilita los elementos de arraigo y hacen que el riesgo de fuga permanezca”.