Para el director general del organismo, José Ramon Zurdo, “que el propietario asuma del candidato a alquilar, un endeudamiento superior al 35% de los ingresos para destinar al pago de la renta de alquiler, supone en gran medida un riesgo de impago, donde ante cualquier imprevisto, el arrendatario deja de pagar la renta, en su totalidad, o de forma parcial”.

“En muchos casos se trata de una falta de educación financiera básica o desconocimiento, donde tenemos que explicar a los arrendatarios que, por ejemplo, ganando 1.200 euros al mes, no se puede alquilar una vivienda de 800 euros”, explicó.

Sobre la situación actual del sector inmobiliario y el alquiler, en particular, subrayó que hay una “grave escasez de oferta de vivienda en alquiler”, lo que se suma a la crisis hipotecaria, que sigue “aumentado los demandantes de alquiler”, en un contexto de “pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias”. “Todo esto da como resultado un aumento del riesgo a la hora de poner una vivienda en alquiler, en una situación de inseguridad jurídica, donde el propietario particular, sin asesoramiento adecuado, es el principal perjudicado”, agregó.

Además, criticó que las últimas medidas “intervencionistas” aprobadas “en perjuicio de los arrendadores”, no solo les están perjudicando a estos, sino “indirectamente también a los inquilinos, al endurecer los arrendadores los requisitos que exigen para arrendar sus viviendas, debido al mayor riesgo que tienen que soportar”.

Así, explicó que los arrendadores “se sienten más amenazados con las medidas intervencionistas que se están tomando en su contra”, por lo que tratan de protegerse “al máximo” buscando inquilinos que les aporten “más solvencia económica” o mayores garantías para poder afrontar los problemas que les puedan surgir, “sobre todo por los tiempos tan exagerados que se tardan en recuperar las viviendas, en casos de desahucios”.

GARANTÍAS FRAUDULENTAS

Pese a su defensa de los propietarios, la Agencia Negociadora del Alquiler reconoció que algunos arrendadores pueden contravenir la ley exigiendo a los inquilinos garantías que no les corresponden.

Así, ANA recuerda que el límite actual de garantías que permite la ley solicitar a un arrendatario está en un mes en concepto de fianza y hasta dos meses más en concepto de garantía complementaria, excepto en los contratos de larga duración, en los que las garantías que se pueden solicitar a los arrendatarios son libres y por tanto no tienen límites. Además, tampoco se puede exigir a los inquilinos el pago anticipado de más de una mensualidad de renta.