El recurso hace referencia a la convocatoria publicada el pasado 28 de marzo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, por la que se convocan pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de maestros, de profesores de enseñanza secundaria, de escuelas oficiales de idiomas, de formación profesional, de música y artes escénicas y de profesores y maestros de artes plásticas y diseño.

Pese a que se reservan el 7% de las plazas para personas con discapacidad, tal y como exige la legislación vigente, la convocatoria puntualiza que “la discapacidad es incompatible con las funciones docentes en el supuesto de que, para desarrollarlas, el aspirante necesite de la asistencia de otro docente dentro del aula”.

A juicio del Cermi, “se está hurtando el derecho a participar en el proceso selectivo a un número importante de personas con discapacidad que cumplan los requisitos de formación y a las que se les señala como incapaces para realizar las funciones de su puesto por el hecho de precisar del apoyo de otro docente”.

Además, la plataforma representativa de la discapacidad en el Estado español recuerda que este punto vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que destaca la necesidad de implementar ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad disfrutar en igualdad de condiciones de sus derechos. De hecho, este tratado, ratificado por España en 2007, tilda de discriminatoria la ausencia de ajustes razonables.

Igualmente, el Cermi considera que esta discriminación no respeta la Directiva europea 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en el marco de la legislación española.