García señaló a Servimedia que la inhabilitación del magistrado por instruir, presuntamente sin competencia, una causa sobre las víctimas del franquismo era "la única solución legalmente posible" y la que "ineludiblemente tenía que ser adoptada por el pleno del Consejo".

Además, según García, tiene "profundísimas dudas" sobre la posibilidad de que el magistrado de la Audiencia Nacional pueda trabajar como asesor externo en el Tribunal Penal Internacional, porque no resulta razonable que en sus circunstancias desempeñe funciones representativas a nivel internacional, por lo que el Consejo, a su juicio, "debería denegar la autorización" que permita al magistrado trabajar en la sede del TPI en La Haya.