Tras ella esperan en los calabozos de la Audiencia para responder a los fiscales y al juez Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de una de las filiales del Canal y consejero del diario 'La Razón', el hermano del expresidente madrileño, Pablo González, y su cuñado, José Juan Caballero.

Estos testimonios serán decisivos para que los fiscales decidan si piden prisión preventiva para los investigados y, en especial, para Ignacio González, al que se considera cerebro de la trama de enriquecimiento personal que se urdió presuntamente alrededor del Canal de Isabel II.

González podría ser el cuarto imputado en declarar ante el juez, que tiene previsto interrogar a siete detenidos, entre ellos el consejero de la constructora OHL Javier López Madrid -yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir-, que fue detenido por pagar presuntamente 1,4 millones de euros a González.

Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia). En 2013, Canal Extensia e Inassa constituyeron la Sociedad Soluciones Andinas de Aguas SRL, con domicilio social en Montevideo (Uruguay).

Una de las principales operaciones que están bajo sospecha es la compra que Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda, que costó 25 millones de dólares de dinero público a las arcas de la Comunidad de Madrid, según los datos que maneja el juez Velasco.

El juez decretó ayer prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín por delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos y vincula a ambos con la adquisición irregular por 26 millones de euros de la empresa brasileña Emissao.

Ambos pasaron supuestamente los fondos desviados a cuentas bancarias en paraísos fiscales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública y enriqueciendo a determinadas personas, entre las que están varios de los detenidos en esta operación.