En rueda de prensa, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas del sindicato, Carlos Bravo, explicó que esta propuesta responde a la “necesidad de incrementar ingresos del sistema de Seguridad Social” y al potencial “muy evidente” del destope de la base máxima de cotización en España, que es de las más bajas entre los principales países de la Unión Europea, y que en 2015 contaba con 1,46 millones de cotizantes.

En un informe presentado por el sindicato se expone una simulación de la medida, que parte del ejercicio 2015, a partir del cual se producirán incrementos anuales de la base máxima de cotización, para finalizar en 2020 con el destope.

En concreto, para 2016 se estima un aumento de la base máxima del 14,5%, en 2017 sería del 31,1%, ascendería hasta un 49,4% en 2018, y un 33,5% en 2019, hasta el destope total en 2020.

Con esta estimación, quedarían gravados unos 30.500 millones de euros que en este periodo de tiempo permanecerían exentos de cotización si no se aplicara esta medida.

En términos de recaudación, la Seguridad Social incorporaría 8.626 millones hasta 2020, y a partir de ese año se ingresaría esta cuantía de manera anual si se mantiene el destope.

Sin embargo, aunque la Seguridad Social pueda ingresar algo más de 8.600 millones, Bravo explicó que no se contabiliza el incremento de la pensión máxima pero que “tiene que evolucionar como la base máxima, sin duda, no en la misma relación”, de modo que el saldo al final sea positivo para el sistema.

Entre los factores a tener en cuenta para determinar la relación de progresividad entre base y pensión máxima, el representante sindical citó la esperanza de vida, puesto que quienes perciben la pensión máxima tienen una mayor longevidad que quienes acceden a la pensión mínima, con una diferencia de 3,7 años en el caso de los hombres y de 0,4 en el de las mujeres.

Bravo explicó que en anteriores reuniones de la Mesa de Pensiones se ha constatado la disposición por parte del Gobierno a estudiar la posibilidad y aclaró que la propuesta presentada hoy es un escenario sobre el que se puede trabajar y negociar.

COSTES DEL DESTOPE

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO señaló que esta medida “tiene un incremento de costes para las empresas”, que contribuirán en mayor medida, ya que cotizan por contingencias comunes un 23,6% de la cuantía del salario, mientras que los trabajadores aportarán un 4,7% de su nómina.

No obstante, el coste efectivo de la medida queda reducido en un 25% para las empresas, que se lo deducirían en el Impuesto de Sociedades, y entre un 37% y un 45% para los trabajadores en el Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF).

Estas deducciones fiscales las asumiría el Estado, por lo que soportaría aproximadamente el 75% del coste de la medida.

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES

Por otra parte, CCOO presentó otro documento en el que realiza una comparativa de los sistemas de revalorización de pensiones en Europa y destaca que en los principales países las pensiones se actualizan teniendo en cuenta el IPC o los salarios, mientras que España es un caso “singular”, ya que la revalorización se realiza desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema y no con criterios de suficiencia.

En este sentido, Bravo se mostró seguro de que “esto se va a corregir”, porque “no veo a este Gobierno ni a ninguno que venga en el futuro capaz de mantener un Índice de Revalorización de pensiones como el que existe en España durante un periodo de tiempo prolongado”.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas del sindicato añadió que los dos informes presentados se remitirán a la Mesa del Diálogo Social de Pensiones y también a los portavoces en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

“El mensaje que queremos transmitir es que la Mesa de Pensiones lleva un ritmo demasiado lento, demasiado pendiente de cuáles son las mayorías posibles en el marco de la aritmética parlamentaria” y la mesa “tiene que llegar a resultados en un plazo corto”.

La Mesa de Pensiones volverá a reunirse mañana a las 10 horas en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.