"Estos datos ponen en evidencia que la aportación de la Administración General del Estado a una política esencial como es la de servicios sociales en España es significativamente baja”, criticó la organización en un comunicado.

En 2016, el gasto público total en servicios sociales en España, incluyendo la atención a la dependencia, ascendió a 16.700 millones de euros, informaron los gerentes. “En términos reales, el incremento será sólo de 130 millones, lo que en relación al gasto global de 2016 supone un ridículo incremento del 0,8%”.

A su juicio, sólo 30 de los 342 millones de euros de la partida contra la pobreza infantil son un “incremento real” sobre los presupuestos del año anterior. Y es que 102 millones provienen del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

Otros 140 millones corresponden al programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, para la atención de familias con menores, “una partida presupuestaria que durante el año anterior ni siquiera fue gestionada”. Esta partida la completarían otros 100 millones de la partida de prestaciones básicas de servicios sociales, que aumenta esos 30 millones.

Asimismo, los gerentes de servicios sociales indican que “el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 abandona de nuevo a 341.301 dependientes en lista de espera, y -con un cálculo optimista- 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho”.

Por todo ello, desde esta asociación consideran que los PGE denotan “un Estado sin una política de servicios sociales sólida y coherente, que atiende a cuestiones puntuales con parches y sin integralidad”, al tiempo que reclaman una financiación “correcta” para los servicios sociales en los niveles locales y autonómicos.