Se trata de una proposición no de ley registrada por los diputados de UPN, en cuya exposición de motivos explican que el suicidio, además de un drama personal y familiar, es "un importante problema de salud pública".

Se remiten a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual en 2014, último año del que hay estudios, se suicidaron en España 3.910 personas, de ellas 2.938 hombres y 972 mujeres. En 2015 se estimaron en 3.602 los fallecidos por suicidio, y UPN cree que ese descenso pudo deberse a las acciones preventivas que se están realizando en España a nivel autonómico y local. Para visiblizar la relevancia de esa cifra, la formación la contrasta con los muertos en accidentes de tráfico ese mismo año: 1.880.

A nivel mundial, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, unas 800.000 personas se suicidan cada año y si se contabilizan los intentos la cifra se multiplica hasta veinte veces. Por tanto, concluye, los suicidios no solo provocan la muerte de quien lo ejecuta sino graves consecuencias a quienes lo intentan sin éxito. Además, se calcula que un suicidio tiene un serio impacto emocional en al menos otras seis personas, y que en el caso de los jóvenes ese impacto es mucho mayor.

FACTORES DE RIESGO

En España varias comunidades autónomas han aprobado planes de prevención y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publicó en 2011 la 'Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida' orientada al ámbito sanitario.

La Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza (Asites) lleva más de 45 años trabajando activamente en diversos programas tanto de prevención de la conducta suicida como de intervención ante la misma, liderando y colaborando en diferentes protocolos junto a diferentes administraciones públicas.

UPN apela a las investigaciones que indican que la prevención del suicidio requiere de una serie de acciones que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de niños y jóvenes y el tratamiento eficaz de los trastornos mentales, hasta el control de los factores de riesgo.

ADOLESCENTES Y ANCIANOS

Cree, por tanto, que es necesaria la colaboración y coordinación de distintas instituciones, y que la información y la sensibilización son también imprescindibles para el éxito de esos programas de prevención institucionales. Aunque aún no hay evidencia científica sobre la diferente eficacia de las distintas estrategias preventivas, argumenta UPN, se sabe que los países en los que se han desarrollado esos planes han experimentado un descenso en las tasas de suicidio.

Por ello, UPN quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a desarrollar en el plazo de seis meses un Plan Nacional de Prevención del Suicidio "con medidas, políticas y programas concretos actualmente inexistentes en España, con especial incidencia en la población adolescente y anciana así como en las personas que presentan algún trastorno mental, proporcionando pautas prácticas de actuación a educadores, familiares, agentes sociales, cuidadores y profesionales sanitarios, difundiendo una información veraz y científica permitiendo, a su vez, la disminución del estigma asociado al suicidio".