En una entrevista con Servimedia, el presidente de la UDP, Saturnino Álvarez, valoraba así la sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón parcialmente a la Generalitat de Cataluña al permitir la gestión autonómica del 0,7% del IRPF.

Álvarez calificó de “disparate” esta resolución del Constitucional, que reconoce que Cataluña puede gestionar lo que recaude por la asignación del 0,7% de la casilla de fines sociales del IRPF y no la cuantía que determine el Estado.

El presidente de la UDP mostró su rechazo a este planteamiento, al considerar que si se ‘territorializa’ la gestión de esos fondos “se pierde el sentido de solidaridad” y esa cuantía destinada a fines sociales podría perder su carácter finalista.

El responsable de esta organización de pensionistas dijo que su opinión se ve refrendada por lo que está pasando con la Ley de Dependencia, cuya dotación se envía a las comunidades autónomas, que son quienes gestionan los recursos.

PROBLEMAS CON LA DEPENDENCIA

“El dinero que da el Estado a las comunidades autónomas para la Ley de Dependencia, hasta ahora, no ha tenido un carácter finalista y cuando ha llegado a las comunidades autónomas cada una lo ha utilizado para lo que ha querido”, criticó Álvarez para añadir que “me preocupa que con esto (los fondos del 0,7% del IRPF) pueda pasar lo mismo”.

A su juicio, con la gestión autonómica del 0,7% leyes como la de Dependencia “si no van al fracaso, están destinadas a implantarse muy despacio, con muchos problemas”, reflexionó.

En este sentido, constató la “enorme disparidad de funcionamiento y de cobertura” que existe entre comunidades autónomas, de manera que “hablar de la Ley de Dependencia en Castilla y León es una maravilla; vas a otras comunidades y es un verdadero desastre” pese a que “los recursos son los mismos”.