Por su parte, el diputado del Partido Popular Juan Bravo hizo hincapié en que “esa protección existe”, en referencia a la denuncia pública y anónima. “Tenemos el artículo 114 de la Ley General Tributaria que ya recoge la denuncia pública y anónima”, señaló Bravo, que detalló que “cuando alguien presenta una denuncia no hace falta que vaya con nombres y apellidos, puede ir perfectamente anónima y se trata exactamente igual” que el resto y añadió que “lo puede presentar en el último pueblo de Asturias para que nadie sepa por dónde ha llegado esa información”.

Los diputados se expresaron en estos términos durante la jornada ‘Medidas contra los paraísos fiscales’ que se celebró en la Cámara Baja para debatir sobre la situación de los paraísos fiscales y su futuro en la legislación española, con motivo del Día Contra los Paraísos Fiscales, que se celebra hoy.

Por su parte, De la Torre indicó que “esta Cámara está tramitando una proposición de ley de Ciudadanos de lucha contra la corrupción donde se establece la figura del denunciante de la corrupción y de que exista un control judicial y que no se puedan tomar medidas contra él”, por lo que “estamos abiertos en la tramitación parlamentaria a definir con más precisión esta figura y a que pueda ampliarse no solamente a casos de delitos de corrupción, sino otros casos como el fraude fiscal”.

Sobre el hecho de proteger a los filtradores, López manifestó que “habría que darles la máxima protección, igual que se le da la máxima protección a las personas que denuncian posibles delitos de terrorismo, de tráfico de armas o de contrabando de drogas”, porque “precisamente detrás de estos delitos lo que hay también es un delito fiscal”.

En este sentido, Garzón destacó que “hay que hacer una legislación específica para proteger a las personas que proporcionan esa información”, pero “no solo a efectos legales y retirarles este tipo de penalizaciones, sino incluso también a efectos policiales” para brindarles protección, puesto que este tipo de personas se ven “amenazadas por toda la gente afectada por la filtración, que son la gente más poderosa del mundo”, tal y como le pasó a Hervé Falciani.

Por último, Mar Cabra de Luna, editora de la Unidad de Datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señaló la necesidad de una ley que proteja a estas personas, ya que “en España el filtrador de los 'Papeles de la Castellana' está a punto de ser juzgado por esa filtración que hizo” y añadió que echa en falta “un buzón seguro a través del que se pueda filtrar sin poder revelar la información”, porque si tienes que personarte en un lugar “me da igual que me vaya al último pueblo” que ya no será seguro.