Varela dictó este miércoles apertura de juicio oral contra Garzón para que responda por un presunto delito de prevaricación.

El instructor del Alto Tribunal recuerda a Garzón que no corresponde a los jueces “valorar la suficiencia de la actuación de los demás poderes del Estado”, en referencia a la Ley de la Memoria Histórica, en un auto en el que, de forma complementaria, rechaza un recurso del juez de la Audiencia Nacional.

La decisión de Varela obliga a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a reunirse en pleno para decidir la suspensión cautelar de Garzón y su salida de la Audiencia Nacional hasta que el Tribunal Supremo resuelva su caso y dicte sentencia.

Las fuentes consultadas señalaron que está previsto que este miércoles la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo traslade la decisión de Varela al CGPJ para que decrete su suspensión. Esto podría truncar sus planes de trasladarse a La Haya (Holanda) para trabajar como asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional.

El máximo órgano de gobierno de los jueces podría estudiar el caso de Garzón en el pleno que celebrará el próximo 19 de mayo, aunque también podrían convocar una reunión extraordinaria para tratar la suspensión del magistrado.

Si finalmente es condenado por el Tribunal Supremo, el juez será inhabilitado, por lo que no podrá volver a ejercer. Si es absuelto, Garzón podría volver a su despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

DOCTRINA ATUTXA

El auto de apertura de juicio oral dictado por Varela se centra en rechazar los argumentos de la Fiscalía y defender la legitimidad de las acusaciones particulares personadas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, para llevar a juicio a Garzón sin la concurrencia del Ministerio Público.

El instructor del Tribunal Supremo asegura que la Fiscalía, en su recurso, “omite, olvida o ignora” la jurisprudencia sobre la apertura de juicio oral a instancias sólo de la acusación popular.

El Ministerio Público pidió a Varela que no sentase a Garzón en el banquillo de los acusados por su investigación de los crímenes del franquismo al entender que, en aplicación de la denominada "doctrina Botín", las acusaciones, Manos Limpias y Libertad e Identidad, no tiene "legitimidad procesal" para pedir que se juzgue al juez de la Audiencia Nacional.

En la "doctrina Botín", el Supremo determinó que un procedimiento no puede seguir adelante sólo con la acusación popular, cuando ni el fiscal ni el perjudicado directo ejercen ese derecho. En el caso de Atutxa, el Supremo estableció que sí basta con la acusación popular para llevar a juicio a personas acusadas de delitos en los que no puede existir un perjudicado directo, como es el caso del delito de prevaricación.

La "doctrina Atutxa" permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgar y condenar a un año y medio de inhabilitación al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. El dirigente del PNV fue condenado en abril de 2008 por un delito de desobediencia por no haber disuelto el grupo parlamentario que Batasuna tenía en la Cámara de Vitoria en una causa en la que la Fiscalía no ejerció la acusación.

En contra de este criterio, el propio Tribunal Supremo decidió a finales de 2007 absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el marco de la causa por las cesiones de crédito de la entidad bancaria al entender que si en una causa ni el fiscal ni el perjudicado directo acusan, no basta la petición de la acusación popular para iniciar un juicio y sentar a los acusados en el banquillo.

FECHA DEL JUICIO

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe ahora fijar una fecha para la celebración del juicio, dictando un auto de señalamiento de vista oral. Fuentes del Alto Tribunal señalaron que, teniendo en cuenta el calendario de vistas, el juicio a Garzón podría celebrarse en julio o septiembre, ya que agosto es un mes inhábil.

Aun así, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe resolver primero el recurso interpuesto por Garzón en el que pide que se decrete la nulidad de los escritos de acusación presentados contra él por Manos Limpias y Libertad e Identidad, que piden 20 años de inhabilitación para el juez de la Audiencia Nacional. La nulidad de los escritos, de decretarse, supondría el archivo de la causa abierta contra Garzón por falta de acusación.

Además de la causa por su investigación de los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsable del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.

Además de la apertura de juicio oral, Varela ha dictado sendos autos en los que rechaza los recursos interpuestos por Falange Española de las JONS y confirma su expulsión de la causa por haber presentado su escrito de acusación contra Garzón fuera de plazo.