El auto de apertura de juicio oral dictado hoy por el instructor del Tribunal del Supremo Luciano Varela supone un verdadero pistoletazo de salida en una carrera en la que Garzón intentará obtener el permiso para desplazarse al Tribunal Penal Internacional antes de que se decrete su suspensión cautelar.

La pelota está ahora en el tejado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión de Varela obliga a los vocales del Consejo a reunirse en pleno para decidir la suspensión cautelar de Garzón y su salida de la Audiencia Nacional hasta que el Tribunal Supremo resuelva su caso y dicte sentencia.

El máximo órgano de gobierno de los jueces podría estudiar el caso de Garzón en el pleno que celebrará el próximo miércoles, aunque también cabe la posibilidad de que el presidente, Carlos Dívar, convoque una reunión extraordinaria para tratar la suspensión del magistrado.

Fuentes del CGPJ señalaron que, como pronto, el Consejo podría celebrar un pleno extraordinario el próximo lunes, ya que la reunión tiene que ser convocada con 72 horas de antelación.

Al mismo tiempo, el CGPJ debe decidir si da un permiso de servicios especiales a Garzón para trabajar en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. La Comisión Permanente se encuentra reunida esta mañana para estudiar la solicitud de Garzón, pero lo más probable es que retrasen su decisión final y soliciten antes a los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores que determinen si el puesto pedido por el juez de la Audiencia Nacional cumple los requisitos necesarios para poder otorgar un permiso de servicios especiales.

Por lo tanto, la decisión sobre el permiso solicitado por Garzón se retrasaría al menos hasta que el CGPJ recibiese la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores. La cuestión, por lo tanto, es determinar cuál de las dos decisiones llegara antes, si la suspensión o la concesión del permiso, pues la que se acuerde primero determinará el sentido de la segunda.

Las fuentes consultadas señalaron que si el Consejo decreta su suspensión cautelar, el juez no podría ya acogerse al permiso de servicios especiales para trasladarse a La Haya, ya que esta figura sólo se aplica “a los jueces que se encuentran en activo”.

Aun así, si es suspendido, Garzón ya no se encontraría entre los jueces en activo, por lo que, como cualquier otro ciudadano, no necesitaría el permiso del CGPJ para trabajar donde quisiese.