La Cámara Baja quiere, en concreto, que se cambie el documento que deben rellenar las personas con discapacidad para pedir subvenciones a las administraciones públicas que les ayuden a compensar los "costes adicionales" que muchas veces soportan por no poder disponer de vehículo privado, porque entiende que no tiene en cuenta las necesidades de los ciudadanos con problemas graves de visión.

Según explicó ante el Pleno Francisca Medina, del PSOE, el documento al que se refiere la proposición es el anexo 3 del decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que, dijo, no hace referencia a las características propias de las personas con discapacidades sensoriales, y particularmente con ceguera, pese a que sí encuentran dificultades para acceder al transporte público de forma autónoma.

El formulario recoge, en efecto, preguntas destinadas a personas que van en silla de ruedas o que utilizan muletas y a ciudadanos con problemas psíquicos ("Pueden deambular, pero presentan conductas agresivas o molestas, de difícil control", señala el texto, concretamente).

De esta forma, sostiene la iniciativa, "incluso una persona con una pérdida total de visión, no obtendría la valoración exigida o la puntuación suficiente en dicho baremo para acreditar las dificultades que presenta en el momento de utilizar los transportes colectivos".

Y es que, recordó Emilio Olabarría, del PNV, los problemas de las personas con discapacidad "son muy diferentes entre sí", por lo que no siempre se pueden recoger bajo el mismo paraguas.

Por todo esto y "para evitar que las personas ciegas renuncien a viajar", el Congreso pide al Gobierno que modifique, "en el plazo de un año", el documento relativo a la determinación de la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos que han de rellenar las personas con discapacidad para solicitar una ayuda económica de las administraciones públicas.

"DE JUSTICIA"

Todos los grupos parlamentarios dieron su apoyo a la iniciativa, porque la revisión que propone es "de justicia" y resulta "muy oportuna y necesaria", según manifestaron Francisco Vañó, del PP, y Olaia Fernández, del BNG.

En la misma línea se pronunciaron Joan tardá, de Esquerra Republicana y Carles Campuzano, de CiU, que hicieron hincapié en la importancia de que se ponga fecha a la modificación del documento al que se refiere la proposición no de ley.