Los dos grupos parlamentarios proponentes de la iniciativa quieren, en concreto, que se modifique el documento que deben rellenar las personas con discapacidad para pedir subvenciones a las administraciones públicas que les ayuden a compensar los "costes adicionales" que muchas veces tienen que soportar por no poder disponer de vehículo privado, porque no tiene en cuenta las necesidades de las personas ciegas.

Según explicó ante el Pleno Francisca Medina, del PSOE, el documento al que se refiere la PNL es el anexo 3 del decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que, dijo, no hace referencia a las características propias de las personas con discapacidades sensoriales, y particularmente con ceguera, pese a que sí encuentran dificultades para acceder al transporte público.

El formulario recoge, en efecto, preguntas destinadas a personas que van en silla de ruedas o que utilizan muletas y a ciudadanos con problemas psíquicos ("Pueden deambular, pero presentan conductas agresivas o molestas, de difícil control", señala el texto, concretamente).

De esta forma, sostiene la proposición, "incluso una persona con una pérdida total de visión, no obtendría la valoración exigida o la puntuación suficiente en dicho baremo para acreditar las dificultades que presenta en el momento de utilizar los transportes colectivos".

Y es que, recordó Emilio Olabarría, del PNV, los problemas de las personas con discapacidad "son muy diferentes entre sí", por lo que no siempre se pueden recoger bajo el mismo paraguas.

Por todo esto y "para evitar que las personas ciegas renuncien a viajar", PSOE y PNV piden al Gobierno que modifique el documento relativo a la determinación de la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos que han de rellenar las personas con discapacidad para solicitar una ayuda económica de las administraciones públicas.

Todos los grupos parlamentarios adelantaron que darán su apoyo a la iniciativa, porque, la revisión que propone es "de justicia" y resulta "muy oportuna y necesaria", según manifestaron Francisco Vañó, del PP, y Olaia Fernández, del BNG.

En la misma línea se pronunciaron Joan tardá, de Esquerra Republicana y Carles Campuzano, de CiU, que hicieron hincapié en la importancia de que se ponga fecha a la modificación del documento al que se refiere la proposición no de ley.