Así lo asegura Greenpeace en su informe ‘El precio del activismo’, presentado este viernes en una rueda de prensa en Madrid coincidiendo con la concesión de su premio Artemio Precioso a la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo del año pasado, y que esta tarde recogerán su hija, Laura Zúñiga, y Gustavo Castro, testigo de ese asesinato y activista mexicano de Copinh (Consejo Cívico de organizaciones Populares e Índígenas de Honduras), a la que pertenecía Cáceres.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, lamentó que “las tendencias son preocupantes” en la labor de la defensa del medio ambiente porque “en los dos últimos años han muerto más de 340 activistas”.

Rodríguez comentó que “la presión es efectiva” en estos casos porque a las empresas “no les gusta” que se sepa que financian proyectos como la deforestación en el sureste asiático o en el Amazonas, y mencionó al Banco Santander y a Mapfre.

Por su parte, Laura Furones, portavoz de la ONG derechos humanos Global Witness, indicó que “una persona muere cada dos días por defender sus tierras, bosques y ríos”, y que esta situación “va a peor cada año”. En este sentido, apuntó que esta organización documentó 185 casos en 2015 (un 40% de ellos, personas indígenas) y que el informe correspondiente a 2016 se dará a conocer a mediados de este año, que, según adelantó, incluirá “cifras poco esperanzadoras”.

Furones comentó que los conflictos relacionados con la minería aglutinan la mayoría de los casos de asesinatos de activistas y que el principal problema en estas situaciones es la corrupción porque en muchas ocasiones hay “connivencias entre Estado y empresas”.

“Las comunidades, al no tener voz ni voto, se ven obligadas a movilizarse y es una situación un poco absurda porque cuando una empresa impone un proyecto en cualquier tierra sin consultar, en realidad se está haciendo un flaco favor a sí misma”, apostilló.

Además de la corrupción y la falta de consulta a las comunidades, Furones comentó que la impunidad también rodea estos casos porque en la gran mayoría de ellos “no pasa nada” y “los autores intelectuales muy raramente son juzgados”, por lo que apeló a la responsabilidad de los gobiernos de “proteger” a los activistas porque “trabajan para defender el planeta”.

BERTA CÁCERES Y ‘CASO ACUAMED’

Por otro lado, Laura Zúñiga relató el caso de su madre, Berta Cáceres, cuyo asesinato en la noche del 2 de marzo de 2016 despertó una gran ola de solidaridad y repulsa en la sociedad civil. Cáceres, feminista y defensora de los derechos humanos, murió como resultado de su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que, de llevarse a cabo, sería la causante directa de la destrucción de bosques nativos y territorios indígenas en Honduras.

Berta Cáceres era una mujer indígena ‘lenca‘ y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras. Desde hace 20 años había defendido el territorio y los derechos del pueblo ‘lenca’. Se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas.

Zúñiga indicó que el asesinato de su madre supuso atentar contra un “símbolo de lucha” contra “diversas empresas y paramilitares que atentan contra las vidas en el planeta”, y lamentó que, más de un año después, ese crimen sigue impune. “Hay personas detenidas en relación con la autoría intelectual y seguimos esperando un juicio, pero la detención no es garantía de justicia", comentó, antes de añadir: “Seguimos en pie. El pueblo de Honduras sigue luchando y seguimos soñando, a pesar del miedo y la violencia, con una realidad distinta y con justicia para todos”.

Gustavo Castro contó que presenció el asesinato de Berta Cáceres al ser invitado invitado por ella a participar en un taller. “Dos sicarios entraron en mi habitación, lamentablemente asesinaron a Berta y a mí me dejan herido y me consideraron muerto. Fui testigo de cómo muchas de las diligencias que se hiciereon para la investigación inicial estuvieron llenas de irregularidades”, comentó.

Castro reivindicó que se levante el secreto de la investigación para que sea transparente y se apunte hacia los autores intelectuales. “Los actualmente presos han sido imputados con pruebas muy débiles”, dijo.

Por último, Azahara Peralta, ingeniera agrónoma que contribuyó a desvelar el ‘caso Acuamed’ por presuntas adjudicaciones fraudulentas en obras hidráulicas en las cuencas mediterráneas, explicó que fue despedida de esta sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, lo mismo que le ocurrió a Francisco Valiente y Gracia Ballesteros.

Peralta perdió su trabajo en Acuamed y se encuentra actualmente en el paro tras negarse a participar en el supuesto inflado de facturas a favor de FCC, que supondría un sobrecoste de 40 millones de euros, en la descontaminación de residuos del embalse de Flix (Tarragona).

“La obra se estaba realizando con los controles más exigentes y con comunicaciones directas con todos los organismos. El contratista presentó una reclamación de 40 millones de euros y consideré que no se podía atender. Me negé a aprobarla. Días más tarde, hubo una serie de movimientos que me apartaron de esa relación con el contratista y me despidieron, pero antes pude ver que la persona que me sustituyó aprobó esa reclamación. Me encuentro en el paro por hacer mi trabajo”, explicó.