Castillo hizo estas declaraciones en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, donde expresó su deseo de estar presentes “donde se tomen las decisiones que tengan que ver con nuestra salud”, puesto que “aquí en esta Comisión y en el Ministerio se toman decisiones que a nosotros nos afectan en nuestra vida diaria, en nuestro día a día”.

El representante de la POP defendió que esta inversión “será rentable no solo en calidad de vida, sino en ahorros de prestaciones por bajas laborales, en coste farmacéutico por consumo prolongado de medicamentos, en hospitalizaciones…” y destacó la necesidad de que esté dotado de un fondo presupuestario suficiente para hacer frente a esta demanda.

Asimismo, pidió que en esta legislatura se desarrolle un Ley de Protección de la Cronicidad que aporte la necesaria protección a las personas que cada día se enfrentan a una enfermedad sin expectativas de curación y el impacto que esto produce en su vida diaria, de modo que amortigüe los efectos negativos y pueda seguir aportando a la sociedad.

En este sentido, Castillo remarcó que “es necesario reconocer la cronicidad que afecta a millones de personas que comienzan cada día afrontando, no solo los síntomas de una enfermedad que no tiene cura, sino el impacto que está produciendo en su vida la dedicación a los cuidados que requiere, sus efectos económicos, el riesgo de pérdida de su puesto de trabajo, las consecuencias del cambio de la imagen personal, la necesidad de contar con una información adecuada sobre la enfermedad y de una formación que permita afrontar la nueva situación”.

La plataforma considera que “la cronicidad puede ser un concepto jurídico diferenciado porque se refiere a una situación de salud generada por una enfermedad que no tiene expectativas de cura y el impacto que produce en cada persona individualmente entretenida”.

Por último, señaló la necesidad de que se garantice el derecho de todos los pacientes a ser atendidos en igualdad de condiciones en cualquier territorio, evitando los retrasos y trabas burocráticas en la atención en caso de derivaciones o desplazamientos, así como la dispensación de medicamentos en todo el territorio nacional sin distinguir la comunidad autónoma de origen.