La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra admitió a trámite, el pasado mes de abril, la proposición de ley de modificación de la Ley de Salud, presentada por el PSN, para "garantizar" que las mujeres puedan abortar dentro de la Comunidad foral, una proposición que se tramitará por el procedimiento de lectura única ante el pleno "dada su actualidad".

En esta línea, Sanz mostró su "disconformidad" con la toma en consideración de esta proposición y destacó que el Gobierno foral la rechaza y considera que no debe ser tomada en consideración asumiendo los argumentos del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo autonómico contra la ley del aborto.

Sobre la ley estatal, destacó que es de obligado cumplimiento, pero "no nos debe decir cómo debemos de cumplir con esta ley". En Navarra, argumentó, "tenemos establecido un mecanismo para cumplir con la ley y respetar la objeción de conciencia de los profesionales". "Decimos no a los eufemismos", aseveró Sanz, "porque todo lo que se interrumpe se puede reanudar".

Preguntado por si considera esta proposición del PSN un síntoma de "deslealtad", Sanz dejó claro que "no puede haber deslealtad porque esta ley nunca ha sido objeto de acuerdo".

Según aseguró, esta iniciativa del PSN "puede ir en contra de derechos fundamentales recogidos en la Constitución que tienen un orden de jerarquía, como el derecho a la vida o a la libertad".

"No sólo hay que atender la demanda de cualquier mujer embarazada desde los servicios públicos de Navarra", explicó Sanz, "sino que se insta al Gobierno de Navarra a sacar un concurso público para que se puedan instalar, desde la iniciativa privada, servicio a fin de practicar abortos".

"Hay una invasión de competencias", subrayó. Por ello, informó, "estudiaremos, desde el punto de visa jurídico, si se atacan derechos fundamentales" y, en función de los informes que recabe el Gobierno foral, se recurrirá esta proposición ante el Tribunal Constitucional o se acumulará la demanda al recurso que ya presentó el Ejecutivo autonómico contra la ley nacional del aborto.