Así lo anunció el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que el Ejecutivo adopta esta decisión para defender las competencias "que la ley atribuye al Estado".

Méndez de Vigo detalló que el recurso de inconstitucionalidad afecta en concreto a los artículos Primero (apartados 10 y 11) y Segundo (apartado 2) de la Ley de Murcia 10/2016, que reformó la Ley 6/2015 de la Vivienda de la Región de Murcia y la Ley 4/1996 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

La normativa autonómica tenía como objetivos regular dos procedimientos de mediación extrajudicial, relativos a los conflictos de consumo en materia de créditos o préstamos hipotecarios y a la resolución de situaciones de sobreendeudamiento y, entre otras cosas, establecía medidas para garantizar el derecho de acceso a suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a colectivos en riesgo de exclusión residencial.

Murcia fundamentaba su competencia en los artículos 10.2 y 11.7 de su Estatuto de Autonomía pero el Gobierno de España entiende que la ley "contiene preceptos que no se circunscriben a las competencias estatutarias en materia de defensa del consumidor y de vivienda y que vulneran las competencias que el art. 149.1 de la Constitución Española atribuye al Estado sobre legislación procesal, legislación civil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica".