En concreto, el Gobierno central asegura que tanto las funciones encomendadas a esta oficina contra el fraude como su composición vulneran, además de varios artículos de la COnstitución, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la normativa que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, la de Procedimiento Administrativo Común y la de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En lo referente a las funciones atribuidas a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, la Abogacía del Estado argumenta que duplica las funciones de los órganos de control legalmente previstos y que además invadiría el ámbito competencial de éstos, "puesto que se permite que la Oficina actúe cuando además de existir una responsabilidad disciplinaria del personal municipal se presuma que adicionalmente también existe una responsabilidad penal o política".

"Bastaría", afirma la Delegación del Gobierno de Madrid en un comunicado, "que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción considere que existe una responsabilidad penal/política además de la puramente disciplinaria para que continúe sus actuaciones de investigación y de inspección con respecto al personal municipal".

Además, cree que podría invadir la competencia de los órganos encargados de investigar una responsabilidad penal (juez, fiscal o policía judicial) hasta que no se tuviera conocimiento por parte de ésta de la existencia de una investigación judicial.

Por lo que hace referencia a su composición, el Gobierno destaca que el reglamento de la Oficina no exige que el director y los vocales que integran su Consejo Asesor o el personal al servicio de ella tengan la condición de funcionario de carrera, "contraviniendo de esta forma lo establecido en La Ley de Bases de Régimen Local" y en el Estatuto Básico del Empleado Público "que atribuyen en exclusiva a los funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen el desarrollo de potestades públicas o el ejercicio de autoridad".

Por último, señala que con este recurso contra el Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, la Delegación del Gobierno en Madrid quiere defender los derechos del personal municipal del Ayuntamiento de Madrid, "que sería sometido a un control de su actividad que no cumple con las previsiones recogidas en ley y que en este sentido supone una vulneración de sus derechos en comparación con el personal al servicio en las administraciones públicas".