En este sentido, la secretaria adjunta del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Marisol Pérez Domínguez, presentó este lunes una proposición de ley “sobre atribución competencial a la jurisdicción social en materia de atención a las personas en situación de dependencia”.

Según Domínguez, con el texto registrado “se favorece la posibilidad de reclamar de las personas en situación de dependencia por la vía social, ya que es gratuita, más ágil y próxima, en vez de hacerlo por la vía administrativa que es más formalista, gravosa, cara y lenta”.

Esta iniciativa del PSOE se sitúa en la línea de lo que venía reclamando el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que venía instando al Gobierno "a realizar todas las acciones necesarias para que las controversias relativas a la valoración, el reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, queden definitivamente atribuidas a la jurisdicción social ".

Precisamente esta semana se debatirá en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja una proposición no de ley del PP en la línea de lo planteado por el Cermi. La iniciativa de los populares, de aprobarse, instará al Gobierno a realizar el cambio planteado, mientras que la proposición del PSOE podría convertirse en una reforma aprobada por el Pleno del Congreso, al ser una proposición de ley.