Cómo ya hiciera ayer, el magistrado subrayó que la UE tiene que estar protegida desde el punto vista financiero y monetario ante cualquier tipo de actuación delictiva y de ahí la urgencia de la puesta en marcha de dicha fiscalía.

Conde-Pumpido, que inauguró hoy en Soria las nuevas dependencias de la Fiscalía tras la reforma que se ha acometido en estas instalaciones, reiteró la conveniencia de crear este nuevo órgano ante agresiones externas como por ejemplo la difusión de informaciones falsas que puedan afectar al mercado.

Recordó además que la Fiscalía Europea es una de las prioridades del Gobierno para la presidencia europea.

El magistrado declinó hacer valorar las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que aseguró que Camps será el candidato en Valencia “diga la justicia lo que quiera” y recordó que “como fiscal general” no hace comentarios sobre declaraciones políticas “ya que estamos en un plano estrictamente judicial”.

No obstante, añadió que a su juicio “el Tribunal Supremo debe ser siempre respetado”, y en este sentido apostilló que “nosotros lo respetamos íntegramente”.

Conde-Pumpido pidió además la confianza de los ciudadanos hacia el funcionamiento del Constitucional y manifestó respecto al Estatuto de Cataluña que “seguro que el TC producirá la sentencia más adecuada a la Constitución”.

Ante las preguntas de los periodistas, el fiscal negó que exista “influencia o incidencia política” en el funcionamiento de la Justicia y recordó que en el caso de la Fiscalía existen 2.300 fiscales y están personados en más de cinco millones de procedimientos en toda España.

Conde-Pumpido explicó que el procedimiento español mantiene reglas diferentes al resto de Europa “ya que no ha incorporado plenamente el modelo acusatorio y permite además la incorporación como acusadores de acciones que representan intereses privados y que muchas veces llevan a la justicia cuestiones que tienen un contenido más político que judicial”.

El magistrado añadió que este hecho da pie a que en algunas ocasiones se cuestione la actuación del Ministerio Fiscal cuando no formula acusación en determinados procedimientos “y luego resulta que las sentencias siempre acaban dando la razón al Ministerio Fiscal".

El fiscal general considera que en los casos es los que se cuestiona esa actividad “es por razones fundamentalmente de orden político”.