Mas compareció este martes en el Supremo como testigo de la defensa y el fiscal, Jaime Moreno, renunció a realizar preguntas “por su situación procesal” y teniendo en cuenta que está pendiente de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por estos mismos hechos. Al estar incurso en un proceso judicial, Mas tiene derecho a no hacer ninguna declaración que le perjudique.

El expresidente catalán aseguró ante el Supremo que "desde el día que anuncié el proceso participativo, el 14 de octubre, hasta el 9-N e incluso hasta el 25 de noviembre, que se cerró el proceso, la única notificación que recibimos fue la providencia del TC. Nadie más nos requirió nada, ni actuó en nada. Ni fiscal, ni jueces de guardia, ni el Tribunal Constitucional", explicó.

En su declaración explicó que la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014 era una respuesta a una exigencia ciudadana del pueblo de Cataluña, que había quedado explícita en las elecciones autonómicas de 2012.

Insistió en que al ser prohibido el referéndum, el Parlamento autonómico aprobó una ley por la que se abría un proceso participativo sin carácter refrendario y que, por tanto, podía ser celebrado según el criterio de los servicios jurídicos del Gobierno catalán de ese momento.

"Intervine en todo momento para cumplir los mandatos del Parlamento al que me debía", indicó a preguntas de la abogada del exconsejero de Presidencia catalán Francesc Homs, que está siendo juzgado en el Supremo por su condición de aforado.

"Ni la consulta que habíamos promovido como Gobierno ni el proceso participativo tenían efectos legales vinculantes. Así se dijo desde el primer momento", se defendió Mas, que insistió en que la consulta a los ciudadanos es un "derecho fundamental" como también lo es el respeto a la "libertad de expresión".

Tras una declaración netamente política, el presidente del Tribunal Manuel Marchena le deseó “buen viaje”, a lo que Artur Mas respondió con un “¡qué tengan buen juicio!”, a modo de despedida de la Sala.

PUBLICIDAD Y CORREOS

A lo largo de la mañana, el tribunal ha escuchado la declaración de varios testigos. La mayor parte de ellos han coincidido en reconocer que la Generalitat no cambió sus previsiones una vez conocida la prohibición del Tribunal Constitucional.

Entre los testigos, Ignasi Genovés, que era director general de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat, explicó que la publicidad del proceso participativo en marquesinas y mobiliario urbano o en autobuses se contrata por semanas y “se desmontan cuando hay otra campaña”.

En este sentido, indicó que la empresa que colocó los vinilos publicitarios en los autobuses urbanos de Barcelona “habría tenido que parar los autobuses” para quitar estos anuncios después de la prohibición del Tribunal Constitucional y “hubiera sido muy complicado cambiar una flota completa de autobuses… Era inviable”.

"La consulta se hizo el día 9 con toda normalidad", afirmó en un momento de su declaración Genovés, a lo que le replicó el fiscal: "¡Hombre! ¿Con toda normalidad?... Si fuera con toda normalidad, aquí no estaríamos". El fiscal trataba de demostrar que la Generalitat siguió adelante con la publicidad de la consulta después de la decisión del TC.

A continuación, declaró Marta Coll, de Mediaplaning, la empresa responsable de colocar la publicidad. Ella aseguró que sí se podría haber retirado los anuncios si le hubieran dado la orden.

Las campañas publicitarias se pueden paralizar, dijo, cuando media una comunicación de “Autocontrol (publicitario), una decisión judicial o lo pide el cliente… Y se para inmediatamente. Si tengo la orden hay mecanismos para suspender la campaña”. “¿Le llegó alguna orden en ese sentido?”, preguntó el fiscal. “No, no me llegó nada de ningún tipo”. “¿Y habría podido parar la campaña con eficacia?”, insistió el ministerio público. “Si me llega la orden, sí”, reconoció la testigo.

Por su parte, Federico Udina, director del Instituto de Estadística de Cataluña, confirmó que había suscrito un convenio con la Generalitat para para ceder el Registro de Población de Cataluña, que normalmente se cede a las administraciones públicas que lo necesiten según lo que marca la ley autonómica al respecto.

Explicó que se cedieron datos del padrón, concretamente los “nombres y direcciones” de los mayores de 16 años para que la Generalitat pudiera enviarles una comunicación de información para la realización de procesos de consulta. Según dijo, esa base de datos fue destruida el 2 de diciembre de 2014.

Por su parte, Jordi Villajoana, entonces secretario general de la Presidencia de la Generalitat, fue el encargado de firmar el convenio de cesión de la base de datos y de suscribir el contrato con Unipost, que repartió la carta informativa sobre la consulta a los catalanes. El testigo explicó que esta empresa entregó los correos entre el 24 y el 27 de octubre, y no supo dar explicación a los documentos que indican que se invitó a Unipost a participar en la preparación del proceso el 31 de octubre. A la pregunta del fiscal sobre si el reparto de cartas se produjo a partir del 3 de noviembre, Villajoana acabó reconociendo que puede “estar equivocado”.