Éste es el resumen que Amnistía Internacional (AI) hace de España en su último informe anual, hecho público este miércoles y en el que repasa la situación de los derechos humanos en 159 países durante el año pasado y aporta algunos datos globales: 36 de ellos violaron el derecho internacional devolviendo a personas refugiadas a Estados donde corrían peligro, en al menos 23 se cometieron crímenes de guerra y en 22 se mataron a defensores de los derechos humanos.

El informe indica que los políticos que se valen de una “retórica tóxica y deshumanizadora” basada en el “nosotros contra ellos” están creando un mundo más dividido y peligroso sometido a una “política de demonización” que se elabora en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, y que no se recuerda desde que el nazismo triunfó en la década de 1930.

ESPAÑA

Apunta que España no se quedó en 2016 al margen de ese menoscabo de los derechos humanos porque la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, apunta que el país llegó el año pasado a un 4% en su compromiso ante la UE de reubicación de personas refugiadas, por lo que “España se encuentra a la cola de Europa”.

“Si tenemos en cuenta el tercer trimestre del año pasado (el más consolidado), España sólo registró 6.500 solicitudes de asilo en comparación con 237.400 de Alemania, 34.600 de Italia, 20.000 de Francia o 9.200 del Reino Unido, lo que supone un 0,9% de las solicitudes de Europa. A pesar de no recibir prácticamente a casi nadie, el sistema de asilo en España no se ha reformado”, añade.

FRONTERAS “SELLADAS”

Por otro lado, el informe indica que en 2016 se siguieron produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla, donde las fronteras están “prácticamente selladas” para migrantes y solicitantes de asilo, especialmente de origen subsahariano.

Beltrán recalca que “la situación en estos momentos todavía es preocupante” porque los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están “sobrecargados” de personas y no hay garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, personas del colectivo LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otra parte, Beltrán denuncia “la ambigüedad y la laxitud” de la reforma del Código Penal para definir el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’, que sirve para “limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión”, como ocurrió con los titiriteros encarcelados por sacar un cartel en el que se leía ‘Gora Alka-ETA’ durante una representación de marionetas en Madrid (causa archivada el pasado mes de enero) o la condena a un año de César Strawberry, cantante de Def con Dos.

Amnistía recoge en su informe que en 2016 hubo nuevos casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y otros de malos tratos que no se investigaron con eficacia y exhaustividad.

Por ejemplo, Ester Quintana perdió un ojo en noviembre de 2012 al recibir una pelota de goma en una manifestación y los Mossos d’Esquadra quedaron absueltos el pasado mayo al no poder demostrarse quién había disparado. Ese mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigaban adecuadamente.

GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO

Por último, Amnistía asegura que en España se consolida la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo porque las autoridades siguen sin investigarlos o impiden la investigación llevada a cabo por tribunales argentinos, con lo que se niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares.

“De 1975 hasta 2010 hubo en el mundo 45 comisiones de verdad. En España no ha habido ninguna y septiembre de 2016 se recordará porque la Fiscalía General del Estado elaboró una orden interna para bloquear cualquier investigación judicial llevada a cabo por la justicia argentina”, concluye Beltrán.