Durante la presentación del informe ‘La salud financiera del sistema público de pensiones español’, elaborado por Fedea, el director de la organización, Ángel de la Fuente, indicó que “hay margen para suavizar las últimas reformas” en materia de pensiones de 2011 y 2013 “pero no para derogarlas”, porque supondría un incremento del IRPF de hasta el 70%, un coste “demasiado caro”, afirmó De la Fuente.

Entre las medidas planteadas por Fedea para “mitigar” la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, se encuentra “blindar” la pensión mínima actualizándola conforme a la inflación.

Para ello serían necesarios impuestos adicionales que tendrían que recaudar el equivalente a un incremento del 6% por IRPF, lo que “podría ser un coste aceptable”, según la fundación.

No obstante, De la Fuente reconoció que esta medida tiene inconvenientes como es que desincentivaría la cotización y reduciría la contributividad del sistema.

Por otro lado, recalcó que “no sería aconsejable” indexar al IPC el conjunto de las pensiones, como se preveía antes de la reforma de 2013, “sin ninguna contrapartida”, ya que supondría un incremento medio del gasto de 2,7 puntos de PIB durante las próximas cuatro décadas y exigiría aumentar la recaudación del IRPF un 36%.

Además, para la fundación no es una “buena solución” que se financien con impuestos ciertos tipos de pensiones -en relación a las de orfandad y viudedad- “trasladando” el “problema” desde los presupuestos de la Seguridad Social al Estado, porque generaría “serios problemas de credibilidad” y mostraría “dudas” respecto a la capacidad del Estado español para encontrar nuevas formas de soslayar el Índice de Revalorización.

Otras medidas apuntadas por la fundación para mitigar los efectos de las reformas ya aprobadas serían alargar la edad de jubilación y revisar los tipos de cotización y los topes máximos.

Por otra parte, en el estudio se pone de manifiesto que las reformas adoptadas en 2011 y 2013 “consiguen contener el gasto” en pensiones durante las próximas décadas, de manera que “no plantean problemas graves de sostenibilidad”, manteniéndose en niveles no muy superiores a los actuales en relación al PIB.

Sin embargo, existe un grado de incertidumbre “elevado”, con riesgos “a la baja”, y no se descarta un crecimiento del empleo y la productividad por debajo de lo previsto, “lo que convendría tener en cuenta por precaución a la hora de abordar la reforma de las pensiones”.

Así, desde la fundación instaron a adoptar una política económica que “ayude a hacer más grande la tarta” fomentando el crecimiento del empleo y la productividad, y en este escenario, las políticas de familia e inmigración podrían jugar un papel importante.

Asimismo, sugirieron tomar como referencia los sistemas de pensiones de los países del entorno europeo que se han enfrentado a problemas similares.

PÉRDIDA DE UN 30% DE PODER ADQUISITIVO

En Fedea estiman que la pensión media perdería en torno a un 4% de poder adquisitivo en el escenario base que manejan debido a que la revalorización de las pensiones se mantendría en el 0,25% hasta 2060, generando una “cuasicongelación” de las pensiones, según De la Fuente.

Además, el director de la organización indicó que si no se adoptan medidas, dependiendo de la evolución de la tasa de inflación la pensión de jubilación podría perder hasta un 30% de poder adquisitivo en los 20 o 25 años posteriores a la jubilación.