Este es uno de los datos que recoge el XVII Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que se presentó este viernes en Madrid. El informe analiza el desarrollo de los 10 primeros años del Sistema de Atención a la Dependencia y señala que 1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia en España, de ellas 348.309 se encuentran en lista de espera.

De las personas que se encuentran en lista de espera, 122.000 son dependientes severos o grandes dependientes. Según el presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, el informe "demuestra que es inaplazable tomar decisiones para que se cumpla realmente este sistema".

Dijo que en el año 2016 se incrementó en 69.455 personas el número de beneficiarios del Sistema, pero si nada cambia, "España necesitaría cinco años para atender esa lista de espera, y las personas que se encuentran en ella, en muchos casos, no tienen ese tiempo". En este sentido, afirmó que durante el último quinquenio 150.000 personas han fallecido esperando unas prestaciones que se les había reconocido.

Ramírez destacó que desde 2012 un total de 67.000 grandes dependientes "han perdido esa condición. Como los servicios se prestan en virtud del grado de dependencia de la persona, el Gobierno intenta ahorrar por este camino".

Por otro lado, celebró que este Sistema "genera empleo directo y estable". El ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35 y genera una tasa de retorno del 39,5%. Actualmente, "la Administración General del Estado (AGE) solo invierte un 18% cuando debería ser del 50%". "De hecho, el copago es superior a lo que invierte la Administración general", añadió.

El informe también indica que entre las comunidades autónomas se mantienen las "gravísimas desigualdades entre territorios", tanto en cobertura como en modelos de gestión.

Según una escala de valoración elaborada a principios de 2017, las comunidades autónomas que mejor gestionan este tema son Castilla y León y La Rioja, y de las nueve que suspenden, Aragón y Canarias lo hacen con peor nota.

Ramírez advirtió que "los dependientes y sus familiares no tienen tiempo", por ello, pide al Gobierno "dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera, cerrar la lista de espera en al menos dos años y un pacto político para no hacer un nuevo real decreto que modifique los derechos de la Ley de Dependencia".