La iniciativa contó con 334 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Además, el Pleno de la Cámara Baja rechazó que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con 85 votos favorables, 248 en contra y tres abstenciones.

Ese real decreto-ley amplía los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros el 9 y el 23 de diciembre del año pasado, que declararon zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las comunidades autónomas de Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, así como las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Cádiz, Castellón, Huelva, Málaga y Valencia, al igual que Badajoz por los daños causados por el pedrisco el pasado mes de julio.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó el real decreto-ley a los diputados y explicó las medidas adoptadas por los temporales de entre finales de noviembre y primeros de diciembre, el 17 de diciembre y del 15 al 23 de enero.

Zoido indicó que los temporales causaron la muerte de dos personas (una en Estepona y otra en La Línea de la Concepción) y “numerosos” daños, además de “molestias a los ciudadanos” por cortes de carreteras y la interrupción del servicio ferrorivario y del suministro eléctrico, y que los principales efectos se centraron en las zonas costeras, sobre todo en playas y paseos marítimos, y también en la producción agraria.

El ministro indicó que el real decreto-ley incluye financiación para medidas “necesarias, urgentes y justas”, “con el compromiso de que este Gobierno habilitará los créditos correspondientes y los que sean necesarios”, y aseguró que el Ejecutivo actuó “con rapidez y diligencia, tal y como las circunstancias excepcionales así lo exigían”.

AYUDAS DE SEIS MINISTERIOS

El real decreto-ley involucra a seis ministerios. Así, el de Interior aportará ayudas de emergencia por daños personales o materiales en viviendas y sedes, establecimientos industriales, mercantiles o agrarios, y flexibilizará los requisitos exigidos reglamentariamente para solicitar el reembolso de los daños.

El de Hacienda y Función Pública ofrecerá beneficios fiscales; el de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales financiará hasta el 50% del coste de las obras de reparación o restitución de todo tipo infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, y el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente actuará en restaurar el dominio marítimo-terrestre y el hidráulico, así como en la red nacional de caminos naturales, y aportará ayudas por daños en producciones agrícolas y ganaderas.

Actuaciones en infraestructuras públicas como puertos, aeropuertos y carreteras (Fomento) y medidas laborales y de seguridad social (Empleo y Seguridad Social) son otras de las medidas previstas en el real decreto-ley.

PORTAVOCES

En el turno de intervención de los portavoces parlamentarios, Gerardo Camps, del PP, indicó que el Gobierno “no ha parado de dar explicaciones e información” sobre sus actuaciones respecto de los temporales y “no miró hacia otro lado” ante temporales que, sobre todo el de enero, “superó todas las previsiones razonables”.

José Luis Ábalos, del PSOE, indicó que los socialistas aprueban las medidas incluidas en el real decreto-ley, aunque precisó que “podrían haber sido más” porque algunas “se quedan cortas en función de los daños causados”, especialmente las relacionadas con la agricultura y la ganadería, y reclamó al Gobierno que “cumpla con sus compromisos de los planes de gestión de inundaciones” y aplique una política de protección del litoral “que vaya más allá del simple dragado de arena”.

Felix Alonso, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, propuso la creación de una comisión interdisciplinar de expertos que busquen “soluciones a medio y largo plazo” para combatir los efectos de los temporales.

Luis Salvador, de Ciudadanos, pidió al Gobierno que atienda más en la “previsión” de las consecuencias de los fenómenos meteorológicos adversos, indicó que “no se deben rebajar presupuestos en mantemiento de carreteras o señalización” y echó en falta que el real decreto-ley no incluya el coste económico de los daños de los temporales y el número de beneficiarios de las ayudas.

Joan Olòriz, de Esquerra Republicana, enumeró los daños de los últimos temporales en la catalana y aseveró que “el litoral mediterráneo lleva sufriendo más de medio siglo de intervenciones insostenibles”, con “puertos deportivos mal diseñados”, la sobreexplotación de las cuencas hidrográficas e intervenciones que alteran los ecosistemas marinos y perjudican las actividades pesqueras, al tiempo que calificó el real decreto-ley de “necesario, pero muy insuficiente”, por lo que reclamó un plan de gestión sostenible del litoral marítimo.

Íñigo Barandiaran, del PNV, aplaudió que el real decreto-ley atienda a “situaciones de excepcionalidad” por los temporales, pero añadió que le falta concretar que las inversiones de los ayuntamientos no deberían computar como déficit a efectos de deuda.

Sergio Miquel (PDeCAT) indicó que conviene tomar medidas sobre cómo evitar los daños en futuros temporales; Íñigo Alli (UPN-PP) propuso otras medidas para ayudar a los agricultores; Marta Sorlí (C-P-EUPV) aseguró que el real decreto-ley incluye “ayudas ridículas e insuficientes” para la agricultura, establecimientos y viviendas, y no aporta “ni un solo euro” para playas y costas, e Isidro Martínez Oblanca (Foro) comentó que la convalidación de la norma por parte del Congreso estaba “absolutamente justificada”.