El letrado comenzó su intervención con un símil futbolístico dirigido al ministerio público. Reconoció que "el fiscal ha hecho un muy buen regate, pero no ha marcado ningún gol, especialmente por lo que respecta al delito de prevaricación".

Bajo su punto de vista, un juicio que sienta en el banquillo a un expresidente, una exvicepresidenta y una exconsjera es "singular” y puede ser considerado “un caso político", cuyas consecuencias irán mucho más lejos de sus simples efectos jurídicos.

El abogado insistió en que su defendida nunca “se escondió. El Gobierno de Cataluña quería cumplir con los mandatos democráticos y dar oportunidad a los ciudadanos a expresar su opinión, pero al mismo tiempo lo quería hacer de manera legal". De hecho, puntualizó, “la señora Ortega en todo momento insistió en que el proceso debía hacerse bien, y respetando la legalidad”.

Según el defensor de Ortega, "fue un error que el Gobierno (central) iniciase una querella contra una manifestación popular y pacífica" y que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite un causa que tenía “un claro carácter político".

A Ortega se le acusa de continuar gestionando el 9-N con la página web, con el envío de materiales y con la rueda de prensa del final de la jornada. También se le reprocha la comparecencia informativa que llevó a cabo junto a Artur Mas en la Fira de Montjuïc de Barcelona al final de la jornada del 9-N y que, según Entrena, no demuestra ninguna ilegalidad, porque "informar no es gestionar, informar no es desobedecer". “si hubo desobediencia, ni fue evidente, ni abierta, ni reiterada", sentenció.