Homs fue el primero de los testigos con responsabilidades políticas en declarar durante la tercera jornada del juicio contra Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.

Compareció acompañado de su abogado dada su condición de imputado en el Tribunal Supremo por este mismo caso. En sus primeras respuestas destacó que conocía el "desprecio" del Gobierno central por la consulta propuesta por Mas, antes del veto del Constitucional.

Después de la orden de suspensión de la consulta, el exconsejero aseguró que solo tenía la obligación de informar jurídicamente a la Generalitat, a la que propuso poner un recurso en el Tribunal Supremo.

Homs respondió a las preguntas de las defensas ante la renuncia del fiscal y de la acusación particular a interrogarle. A lo largo de su declaración insistió en varias ocasiones en su convicción de que el Gobierno de la Generalitat no incurrió en ningún delito al convocar y organizar el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.

De hecho, destacó, "entre el 4 de noviembre y el 25 de noviembre el proceso participativo no acaba y la gente sigue participando". Precisamente en esos días se conoció el pronunciamiento de los fiscales de Cataluña, que no vieron delito en la actuación de las autoridades catalanas, lo que le “reafirmó en mi convencimiento de que no estábamos incurriendo en ningún delito".

Homs era en el momento de la consulta el máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat. Homs llegó a preguntarse ante juez cuál era el alcance de la primera suspensión de la consulta: "¿Podíamos hacer una rueda de prensa en el 9-N o no? ¿Por qué el Gobierno español no fue más preciso en el recurso que interpuso en el Constitucional?", insistió.

"La providencia del Constitucional nos situaba en una posición absurda de no hacer absolutamente nada de nada y eso era imposible por las circunstancias del momento", aseguró.

Como máximo responsable del asesoramiento al Gobierno de Artur Mas, el 4 de noviembre de 2014, cuando el Constitucional se pronunció, Homs se asesoró por el gabinete jurídico de la Generalitat y se reunió con su Consejería.

A sus colaboradores les dijo que "no solo estábamos haciendo lo que teníamos la obligación de hacer, sino que no estábamos incurriendo en ningún delito penal", declaró.

Al igual que hizo Mas en su declaración del lunes pasado, Homs indicó que "como consecuencia de esta suspensión del Tribunal Constitucional fue impracticable hacer la consulta en los términos en la que se había establecido", por lo que la Generalitat buscó otro mecanismo, al que llamó "proceso participativo".

DAR VOZ AL CIUDADANO

A continuación de Homs declaró la expresidenta del Parlamento catalán Nuria de Gispert. La Fiscalía y la acusación también renunciaron en este caso a formular preguntas.

Ante el tribunal, De Gispert se limitó a dar cuenta de las resoluciones parlamentarias aprobadas por mayoría, que instaban al Gobierno catalán a realizar una consulta no refrendaria, "la única manera de dar voz al ciudadano, ya que no estaba recurrida".

Compareció a continuación Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional que forma parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano que depende del departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Albertí fue el encargado de redactar el informe jurídico que preveía escenarios alternativos en el caso de que no se pudiese realizar la consulta. "Dentro de estos escenarios estaba el de hacer una consulta con base legal pero no necesariamente con la legalidad vigente", explicó.

En este punto, el presidente del tribunal le advirtió de que se sentaba ante el tribunal en calidad de testigo, no como jurista ni como perito.

Tras él compareció el catedrático de Derecho Constitucional y expresidente del Consejo Asesor de Transición Nacional Carles Viver Pi-Sunyer, que fue coautor del informe jurídico sobre la consulta del 9-N que se entregó a la Generalitat a través de Homs y que mantuvo reuniones con la exvicepresidenta Joana Ortega y, en algunas ocasiones, el expresidente Artur Mas.

Después de la suspensión de la consulta, Viver sostuvo que quedaban “muchas dudas” sobre su alcance, en la misma línea de lo expresado minutos antes por el exconsejero Francesc Homs. "Estábamos en una situación insólita, porque la suspensión era muy genérica", explicó el jurista.

Inmediatamente después fue el turno del también catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró, que fue coautor del mismo informe en el que se planteaban hipótesis en el caso de que no se pudiese celebrar la consulta y que abogaba por la convocatoria de un proceso participativo sin carácter de referéndum.