Esta ONG relató a través de un comunicado que “el menor llegó a Lanzarote el pasado 1 de enero con partida de nacimiento y libro de familia que demuestran que tiene 16 años de edad, pero la Fiscalía de Las Palmas ordenó que se le practicasen las pruebas de determinación de edad que señalaron que el chico ya ha cumplido los 18 años” y a partir de ahí “fue internado en el CIE de Aluche y se dictó su expulsión”.

La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre, denunció que “hasta llegar a esta situación, los derechos de este menor marroquí han sido gravemente vulnerados” y criticó que “a pesar de tener documentación que probaba su edad, fue sometido a pruebas altamente cuestionadas condenándole a la desprotección”.

“Si finalmente se produce la expulsión, esta supondrá una flagrante vulneración de todos los tratados internacionales en materia de derechos del niño de los que España es parte” manifestó Sastre.

Por último, la ONG informó también de que se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para indicarle que “el Tribunal Supremo prohibió en 2014 someter a los menores migrantes a estas pruebas de edad y que el pasaporte y otros documentos oficiales de identidad tienen que ser considerados como pruebas válidas”.