Los agentes de la propiedad inmobiliaria solicitaron a Hacienda asumir obligaciones “novedosas”, como registrar y comunicar a la Administración los contratos inmobiliarios que formalizan en el ámbito privado, en los que intervendrían como “profesionales garantes del buen fin jurídico y fiscal de las operaciones, y con la responsabilidad derivada”.

En un comunicado, el presidente del Consejo, Diego Galiano, señaló que “existiendo el cuerpo de API con regulación legal del año 2007, sería tan sencillo como dotarles de más contenido y utilizar sus conocimientos y responsabilidad en beneficio del mercado inmobiliario y sus usuarios”.

Además, Galiano indicó que “la intermediación inmobiliaria en un mercado sensible como el de la vivienda no es una cuestión menor, sino que debería considerarse de interés general para el Estado”.

Por otra parte, los agentes de la propiedad expusieron sus reivindicaciones fiscales en materia de vivienda y mostraron a Hacienda su preocupación por la “incomprensión” de la población sobre la plusvalía municipal y su método de cálculo, que hace que, incluso perdiendo dinero en la venta, haya que pagar el impuesto de plusvalía.

También realizaron una propuesta fiscal para aumentar la oferta de pisos en alquiler con el fin de moderar las rentas que en algunas grandes ciudades están ya originando tensiones en el mercado.

La reunión también sirvió para abordar la actual problemática del alquiler turístico, un asunto que, apuntaron, genera una “gran preocupación” en muchas zonas de España.