La declaración sostiene que esta práctica "daña irreparablemente los cuerpos de las niñas, infligiendo un dolor insoportable. Causa un trauma emocional extremo que puede durar toda la vida.

Aumenta el riesgo de complicaciones mortales durante el embarazo, el parto y el nacimiento, poniendo en peligro tanto a la madre como al niño, y constituye una violación de sus derechos humanos".

En 2015, recuerda Unicef, "los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocieron la estrecha relación entre la ablación y la mutilación genita femenina, la desigualdad de género y el desarrollo, y reanudaron la acción global para poner fin a estas prácticas en 2030".

"En 2016, más de 2.900 comunidades –lo cual significa más de 8,4 millones de personas- en países donde UNFPA y Unicef trabajan conjuntamente para poner fin a la ablación y la mutilación genital femenina, han declarado haberlas abandonado", indica la organización, que agrega que ahora "debemos exigir una acción más rápida para seguir progresando. Esto significa pedir a los gobiernos que promulguen y apliquen leyes y políticas que protejan los derechos de las niñas y las mujeres y prevengan la ablación y la mutilación genital femenina".