El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó el pasado 13 de octubre enviar a juicio a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia grave y prevaricación. En ese momento, el tribunal descartó imputarles un delito de malversación, el único que acarrea penas de cárcel y que había sido solicitado por las acusaciones populares.

La acusación popular, ejercida por el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), la Unión Federal de Policía (UFP) y Manos Limpias, consideraba que estos exresponsables del Gobierno catalán habrían malversado fondos públicos para la organización del 9-N, por lo que reclamaban seis años de prisión.

La estrategia de defensa del expresidente autonómico se centrará en sostener que se somete a los acusados a "un juicio político que no tiene base legal" y por eso no hubo actuación alguna para evitar la votación del 9-N en el momento en que se celebró. Mas reconocerá los hechos que se le imputan, pero pondrá en duda su ilegalidad.

"EN CONNIVENCIA CON EL GOBIERNO"

Además, el expresident acusará a la Fiscalía General del Estado de instar este proceso por motivos políticos y “en connivencia con el Gobierno del PP”, algo que el exmandatario autonómico sostiene por el hecho de que no fueron los fiscales catalanes los que actuaron en su contra.

Por su parte, la Fiscalía exhibirá una larga lista de pruebas que considera demuestran que el expresidente desobedeció conscientemente el prohibición decretada por el Constitucional. Aquí se incluyen el reparto de correspondencia, la publicidad institucional, la infraestructura informática, la habilitación del centro de prensa y su estelar aparición a final de la jornada de votaciones.

No obstante, la jurisprudencia establece que para que la desobediencia sea un delito debe emanar de un “requerimiento previo” de incumplimiento que se haga de manera individualizada y con advertencia expresa de las consecuencias que acarreará tal desobediencia y que haya reiteración en el mandato.

Por este motivo, el auto de apertura de juicio oral contra Mas y las exconsejeras insiste en que los hechos a juzgar son las decisiones del Gobierno catalán que estuvieron encaminadas a mantener la celebración del 9-N a partir del 4 de noviembre de 2014, cuando el Constitucional acordó suspender la consulta soberanista.

La Generalitat encargó desde entonces a contratistas privados la organización del referéndum independentista, de forma que la votación soberanista llegó a costar 4,7 millones de euros. Estos trabajos se encargaron con anterioridad a la suspensión de la consulta, aunque la mayoría de las facturas se abonaron posteriormente.

Según el juez, el hecho de que los imputados no suspendieran el pago de esos servicios tras la suspensión del Constitucional "no conforma el tipo penal" previsto en la malversación impropia de caudales públicos, dado que "habían sido concertados los contratos y eran exigibles con concierto vigente", razón por la que acordó archivar dicho delito.

Para que concurra el delito de malversación "es necesario una sustracción o consentir que otro sustraiga", o bien una apropiación con ánimo de lucro o destinado a un fin autorizado, lo que, según el auto, "no sucede en el presente caso", puesto que cuando se aprobaron las partidas no constaba la suspensión del Constitucional.

PRESIÓN EN LA CALLE

Las entidades soberanistas Òmnium Cultural, Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), entre otras, han preparado para este lunes una masiva movilización ciudadana de respaldo a los tres exresponsables del Gobierno catalán que se sentarán en el banquillo. El lema de estas protestas será 'El 6-F nos juzgan a todos'.

Según las estimaciones de estos colectivos, pueden llegar a concentrarse en Barcelona hasta 40.000 personas en los alrededores de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estas organizaciones han fletado cerca de dos centenares de autocares para trasladar manifestantes hasta Barcelona. Además, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha sugerido a los funcionarios catalanes que pidan fiesta el 6 de febrero y acudan a apoyar a Mas, Ortega y Rigau.

El respaldo a los acusados tendrá su máxima expresión en la presencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, que anunció en Twitter que les acompañará hasta las inmediaciones del tribunal a pie, en medio de lo que, previsiblemente, será un baño de multitudes.

Estas manifestaciones de apoyo son habituales cuando alguno de los responsables políticos da convocatoria del 9-N se enfrenta a los tribunales. Así ocurrió cuando Mas fue llamado a declarar, momento en el que una multitud de personas acudieron a respaldarle. Entre ellos había decenas de alcaldes soberanistas que fueron con sus varas de mando.