Así lo manifestó el Ejecutivo en la declaración institucional acordada en el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora el 6 de febrero.

Según subrayó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros, la ablación se trata “de una violación de los derechos humanos”, como el derecho a la salud e, incluso, a la vida, pues hay casos que implica la muerte de sus víctimas, y “una forma de violencia contra la mujer”.

Por ello, la declaración invita a las instituciones públicas y a la sociedad civil “a que promuevan la toma de conciencia social necesaria para identificar los riesgos que implica y conocer sus consecuencias, impulsen las acciones preventivas necesarias para su erradicación y desarrollen actuaciones para asegurar el apoyo y protección efectiva a quienes la sufren, dentro y fuera de las fronteras de España”.

Asimismo, el Gobierno declara “su firme compromiso y determinación de contribuir a eliminar la mutilación genital femenina y apoyar a quienes la sufren, en España y en el mundo”, pero reconoce la necesidad de continuar trabajando. Por ello, propone a las Administraciones públicas que intensifiquen la colaboración con la sociedad civil y las asociaciones especializadas para garantizar la recuperación y protección de las mujeres y niñas a quienes se les ha practicado o están en riesgo, y para facilitar la formación a profesionales socio-sanitarios, trabajadores en materia de asilo y migración y profesionales del ámbito jurídico, policial y educativo.