La Ley de Desindexación fue aprobada en la pasada legislatura, si bien estaba pendiente del desarrollo reglamentario, que no pudo completarse puesto que el Ejecutivo estaba en funciones.

Esta ley prohíbe la práctica de la indexación, es decir, la “revisión predeterminada” y “periódica” de los precios en el ámbito del sector público, si bien quedan fuera la negociación colectiva, las pensiones y la deuda del Estado. Esta norma se aplica a todos los valores monetarios, como tarifas, precios o tasas en lo que se refiere al sector público.

Ahora, con el real decreto se da “plena vigencia” a esta normativa, y en él se recogen los casos “concretos” en los que sí es necesaria la indexación y ésta se puede permitir, aunque no ligada al IPC general pero sí a “indicadores específicos”, detallaron fuentes del Ministerio de Economía, que quisieron dejar claro que no hay retroactividad.

En este sentido, se hace referencia a precios de productos energético, como la electricidad, el gas o el butano, donde cabe la revisión periódica porque el “precio final está totalmente ligado al precio de la materia prima”; determinados contratos del sector público de largo plazo, como los de obras y concesiones; o los arrendamiento del sector público.

De esta manera, por ejemplo, los billetes de tren, autobús o metro, los peajes o los medicamentos “no podrán indexarse” de manera periódica.

En el decreto se recoge como principios que, además de que la revisión no se puede hacer con el IPC general, el coste de la mano de obra se podrá trasladar al precio pero con el límite de que ese aumento “no puede ser superior al incremento del salario de los funcionarios”.

AHORRO EN LOS HOGARES

Teniendo en cuenta la Encuesta de Presupuestos Familiares, que recoge que el 7% del gasto anual de los hogares corresponde a servicios públicos (unos 35.000 millones), el Ministerio estima a modo ilustrativo que con una tasa del IPC del 2% éstos tendrían un ahorro de alrededor de 700 millones de euros.

Respecto a las empresas, desde el Ministerio señalaron que para éstas el efecto “debería ser neutral”, ya que sólo se cambia el modelo de revisión de precios. El objetivo, añadieron, es que las empresas “recuperen sus costes, pero que no cargue en ellos partidas que no se corresponden como son los índices generales o aspectos relacionados con unas gestión no eficiente”.

Desde Economía explicaron que se pretende evitar efectos de segunda ronda y que la inflación no sea “causa y consecuencia de sí misma” y, de esta manera, “preservar o proteger al sistema económico de estos cambios repentinos en las inflación”, como ha ocurrido en enero con un IPC del 3%, “fruto de condiciones externas”.