La presentación del informe corrió a cargo de su vicepresidente ejecutivo y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera; el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, que ha participado activamente en su elaboración; y uno de los coordinadores del mismo, Fernando Rey Martínez. Caldera defendió que "la homogeneidad pertenece al pasado" y que, ante la realidad de la diversidad, no hay nada peor que la "inacción", que la puede convertir en confrontación.

En ese sentido, defendió la necesidad de incluir el fenómeno de la diversidad en las agendas de las instituciones públicas y los medios de comunicación, analizar la verdadera dimensión del problema de la discriminación en España; detectar, definir y categorizar los que llamó "rasgos sospechosos de discriminación" y mejorar la legislación contra ella, su cobertura en el Código Penal y las garantías procesales de acuerdo con la normativa europea.

Según afirmó a preguntas de los periodistas, una de las modificaciones que Ideas solicita es la "no identificación racial", si bien aseguró que la policía "tiene una sensibilidad exquisita" en esta materia y que son "muy excepcionales" los casos en que utilizan dicho criterio. También concedió que los criterios identificativos "tienen que existir para garantizar la seguridad", sólo que éstos no tienen que ser "necesariamente raciales".

En cualquier caso, afirmó que "la identificación por perfil racial es una discriminación" y que a Ideas le gustaría que la ley de igualdad de trato incorporara su prohibición. "Seguro que el Gobierno será sensible a lo que estoy describiendo", confió.

"RASGOS SOSPECHOSOS"

Además, entre los "rasgos sospechosos de discriminación", Caldera enumeró los de religión y convicciones, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual e imagen física. Según indicó, algunos de ellos "no tienen una adecuada protección jurídica", pese a que existe una Directiva europea "muy avanzada" que, sin embargo, "pocos países la han incoporado". Para Caldera, la lista de rastos "debería ser amplia y quedar abierta a nuevas formas de discriminación".

El ex ministro de Trabajo puntualizó que la no discriminación comprende tanto la igualdad de trato como la de oportunidades, y en ese sentido mencionó los casos en que la apariencia física, la obesidad o las enfermedades suponen una desigualdad en el acceso al empleo o a los servicios públicos, "incluida la vivienda". Por último, recordó que la UE pide que exista un organismo de igualdad que vele por estos principios, y que "habrá que hacerlo en un momento", cuando escape la crisis económica.

A su vez, Fernando Rey llamó la atención sobre las "discriminaciones ocultas", que disimulan la voluntad de discriminar (por ejemplo, negarse a alquilar una vivienda a una persona de etnia gitana diciendo que ya está alquilada); las "discriminaciones erróneas" y las realizadas "por asociación" (por ejemplo, el rechazo para un puesto de trabajo a la madre de un discapacitado). Finalmente, pidió la inclusión como agravantes penales de la aporofobia (el odio al pobre) y la transfobia (odio al transexual).

Pedro Zerolo calificó la presentación de este informe como "una magnífica idea en un momento en el que en Europa se oyen discursos que pensamos que jamás volveríamos a escuchar". Centrándose en España, criticó que "algunos siempre actúan intentando generar alarma y miedo con el único objetivo de obtener rédito electoral", algo que tachó de "ética, política y moralmente impresentable".