El auto de la jueza se remonta a 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente, Felipe Benjumea, y del consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega.

La magistrada analiza las cláusulas de los contratos que firmaron por las que se les concedían unas indemnizaciones por cese anticipado de 4.484.000 euros, en el caso de Sánchez Ortega, y de 11.484.000 para Benjumea; unos derechos reconocidos en esas cláusulas que la jueza entiende que “no estaban contemplados en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos contratos mercantiles”.

PROBLEMAS ECONÓMICOS

La jueza hace constar que las indemnizaciones de los dos exaltos cargos se produjeron en un momento en el que la empresa ya atravesaba problemas económicos, por lo que las compensaciones, según la magistrada, “no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad”.

Lamela pone en duda las razones personales y de salud que esgrimió en abril Sánchez Ortega para dejar Abengoa, teniendo en cuenta que tres meses después, en julio de 2015, pasó “sin solución de continuidad" a prestar sus servicios en Black Rock, empresa de gestión de inversiones estadounidense, cuya sede se encuentra en Nueva York, siendo la mayor gestora de fondos del mundo, lo que “suponía un esfuerzo añadido que no parece acorde con su intención de emplear menos energías en su actividad profesional”.

Sin embargo, la jueza descarta imputarle un delito de información privilegiada del que le acusaban los querellantes, al entender la magistrada que el ex consejero delegado de Abengoa se incorporó a un área de Black Rock, la de negocio de infraestructuras, que “nada tiene que ver con el área de inversiones en mercados de capitales”.

En el caso de Benjumea, la jueza relata cómo en el mismo mes de septiembre de 2015, en el que se pacta su salida e indemnización millonaria, Abengoa anuncia un plan para aumentar capital y reducir deuda corporativa. La magistrada detalla cómo se interrumpió la reunión del Consejo de Administración para que se celebrara la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que acordó el pago de los 11.484.000 a Felipe Benjumea.

En esa reunión, la presidenta, Mercedes Gracia, hizo constar que el Consejo de Administración mostraba “su enorme gratitud al señor Benjumea por su incansable dedicación a la compañía, por su inestimable aportación al desarrollo de todos sus negocios, y por su altura personal y calidad humana durante todos estos años, demostrada en particular en su disposición para no entorpecer las exigencias de los bancos aseguradores como medio para garantizar la viabilidad financiera de Abengoa”.

NO SE DESVINCULARON

La jueza recuerda que finalmente los bancos no prestaron el afianzamiento para la ampliación de capital, por no haberse cumplido la condiciones económicas que fueron pactadas, por lo que la magistrada cuestiona que la salida de Benjumea de la empresa fuera una condición más importante que otras que no se cumplieron.

Lamela concluye que “se trató de que el señor Benjumea recibiera una cantidad de dinero extremadamente importante, máxime en un momento tan delicado por el que pasaba Abengoa, y le fueran respetados el máxime de derechos dentro de la sociedad como sueldo base, medios materiales, cotizaciones y seguros”.

Dos meses después, el 25 de noviembre de 2015, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores.

La magistrada considera que ni Sánchez Ortega ni Benjumea se desvincularon de Abengoa y para ello hace constar que Sánchez Ortega renunció a sus cargos en mayo y un mes después firmó un contrato de prestación de servicios por el que seguiría cobrando la remuneración que le correspondería como consejero delegado.

En el caso de Benjumea, en la misma reunión en que se le cesa como presidente fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, por lo que cobraría una retribución bruta de 1.086.000 euros anuales y mantendría su cotización a la Seguridad Social.

La jueza se basa en este vínculo de ambos con la entidad para concluir que no les correspondían los 4.484.000 euros de indemnización que se les otorgó en concepto de “confidencialidad postcontractual”, puesto que la relación contractual con Abengoa “no se había extinguido”.

En el caso de Benjumea, la jueza explica que tampoco le correspondían los 7 millones en concepto de bonificación por permanencia, puesto que, según Lamela, a través de esta indemnización “se encubrió lo que realmente fue una salida voluntaria del Sr. Benjumea, aunque aconsejada por la situación de crisis que atravesaba Abengoa”.

Por estos hechos la jueza atribuye a los cinco investigados el delito de administración desleal, sin perjuicio de ulteriores calificaciones. En el caso de los tres exconsejeros miembros de la Comisión de Retribuciones, por asistir a la reunión en la que se acordaron los pagos, conocer los hechos y no poner objeción al respecto.

Ahora, el fiscal y las acusaciones disponen de un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.