Anticorrupción solicitó prisión preventiva sin fianza para para Oleguer Pujol tras escuchar su declaración por espacio de cuatro horas ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En esa vistilla, la Fiscalía sostuvo que ha habido “reiteración delictiva” en el comportamiento de Pujol y por eso solicitó su encarcelamiento. Fuentes de la Fiscalía explicaron que el menor de los Pujol ha seguido ocultando dinero al Fisco en el extranjero una vez iniciada la investigación judicial sobre su fortuna y con sus cuentas bancarias bloqueadas en 2014.

INFORME DE LA UDEF

En concreto, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa esgrimieron, según las fuentes consultadas, un informe de la UDEF fechado en 2016 en el que habría pruebas de que el pequeño de los Pujol se llevó parte de los cinco millones de euros que obtuvo por la venta de la sede de Prisa en la Gran Vía madrileña a una cuenta en Miami en enero de 2015, cuando ya tenía sus cuentas bloqueadas por orden del juez.

Oleguer explicó que intentó ingresar ese dinero en entidades bancarias en España, pero ante la imposibilidad de realizar el ingreso, optó por llevárselo fuera. Parte de ese dinero fue invertido en su empresa instrumental, Drago Capital, y otra parte la dedicó a comprar deuda del Estado.

El hijo del expresidente de la Generalitat procedió a realizar una regularización fiscal con motivo de la 'amnistía fiscal' de 2012, a la que añadió una declaración complementaria en 2013. Poco antes de que el jefe del clan, Jordi Pujol, reconociera públicamente su fortuna en Andorra, todos los miembros de la familia regularizaron su situación con la Hacienda Pública en julio de 2014, y Oleguer también lo hizo.

Los fiscales no aprecian, sin embargo, que exista riesgo de que el hijo menor de matrimonio Pujol-Ferrusola se fugue o de que pueda intentar la destrucción de pruebas relacionadas con la investigación. El ministerio público no pidió ayer ninguna medida cautelar para los hijos del empresario Javier de la Rosa y para los también empresarios José María Villalonga, padre e hijo, investigados por el mismo delito.

PRIMERA VEZ

Es la primera vez que el ministerio público solicita prisión preventiva para uno de los miembros del clan Pujol por entender que los informes de la Policía son muy precisos y aportan pruebas suficientes para respaldar una medida cautelar tan restrictiva.

Oleguer Pujol admitió este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que cobró cerca de 2,5 millones de euros en negro por intermediar en la operación de compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander. A su favor, esgrimió que ya ha regularizado su situación con la Hacienda Pública, según indicaron fuentes jurídicas.

El hijo pequeño de la familia Pujol-Ferrusola está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales, cobrados en 2007 por su mediación en la venta de los locales de la entidad bancaria.

Su declaración fue en la línea de lo que explicaron ayer los hijos del empresario Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, que también cobraron en negro y regularizaron más tarde su situación en la Agencia Tributaria. Del mismo modo actuaron los también empresarios José María Villalonga, padre e hijo, que se repartieron 11,5 millones en comisiones.

DOCUMENTACIÓN

Pujol respondió al juez, a los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa y a la acusación particular que ejerce Podemos y aportó la documentación que demuestra su puesta al día con sus obligaciones fiscales.

En su declaración de ayer, miércoles, los investigados aseguraron al juez que el interlocutor en la operación no fue Oleguer Pujol, sino su entonces socio en Drago Capital, Javier Iglesias. Los Villalonga explicaron que tuvieron conocimiento de que el Banco Santander puso en venta cinco lotes de activos, tras lo cual contactaron con Javier de la Rosa en busca de posibles compradores para las sucursales y con Metrovacesa para la posible adquisición de la ciudad financiera del Santander. Fue De la Rosa hijo el que planteó la operación a Pujol y a su socio, con los que ya había hecho negocios anteriormente, como la venta de 4.000 pubs en el Reino Unido.

Las comisiones las pagaron los compradores. De la Mata sostiene que los investigados recurrieron a “estructuras societarias radicadas en terceros países” y a la subcontratación en cadena de servicios de asesoramiento para no pagar a Hacienda.

De hecho, para desviar los 11,5 millones de comisiones se utilizaron dos sociedades pantalla, Marway BV y Ard Choille, que facilitaron a través del grupo ITPS, “con plena conciencia de los riesgos fiscales”, los ciudadanos holandeses John Wileken y Jacobs Broers, también investigados, a cambio de un 2,2% de los fondos.

El dinero fue a parar a cuentas de tres empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes vinculadas a los comisionistas Oleguer Pujol, su socio, los Villalonga padre e hijo y Javier de la Rosa. Los investigados responsabilizan de esta operativa “para cobrar en negro fuera de España” a Iglesias, y niegan que su diseño corriera a cargo del hijo de Jordi Pujol.

El benjamín de los Pujol-Ferrusola ya fue citado a declarar como imputado en junio de 2015 por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien hasta hace poco llevaba su investigación, pero la comparecencia fue suspendida en espera de un informe de la Udef.

Ahora, un año y medio después, el juez José de la Mata, que ha asumido la instrucción de la causa contra él en unión con la que tiene abierta contra el resto de hermanos y sus padres, le ha citado a declarar de nuevo investigado por un delito de blanqueo.