La OCU sostiene en una nota de prensa que los consumidores en general no disponen de conocimientos ni medios para verificar dichos cálculos, por lo que podrían acabar firmando acuerdos sin saber si los cálculos son correctos.

Además, recuerda que las entidades deben devolver todas las cantidades pagadas de más desde el inicio del contrato, más los intereses de demora correspondientes. Por ello, advierte de que cualquier acuerdo que no respete esta obligación no es aceptable.

Asimismo, critica el régimen especial de costas procesales que prevé establecer el Gobierno, ya que considera que favorece especialmente a las entidades financieras y prácticamente obliga al consumidor a acudir al procedimiento extrajudicial, el teoría voluntario.

Por último, OCU rechaza que el futuro decreto pueda establecer la gratuidad para las partes de los derechos arancelarios, notariales y registrales en los acuerdos alcanzados, cuando en ningún caso es necesario modificar los contratos para proceder a la devolución de las cantidades cobradas de más.