El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el ‘Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015’, con el objetivo de valorar las actividades desarrolladas por el Ministerio en la ejecución de su política farmacéutica y de los sistemas y procedimientos de gestión establecidos relativos a la financiación pública de los medicamentos.

Entre las conclusiones que señala el informe, destaca “la inexistencia de manuales de procedimientos en los que se definan las funciones y responsabilidades, para las distintas áreas y unidades organizativas competentes, en la ejecución de la política farmacéutica, ni que recojan los criterios de evaluación establecidos para la inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica y la fijación de precios”.

Asimismo, detalla que “en la fecha de realización de la fiscalización se encontraban sujetos a techo de gasto 12 medicamentos a los que correspondía un techo de gasto conjunto aproximado de 1.197 millones de euros”.

“Algunas de las respectivas resoluciones han determinado obligaciones adicionales a los laboratorios, que escapan a las posibilidades de inspección y examen por parte del Ministerio y otras han fijado techos de gasto basados en determinados sistemas, que llevan asociada una importante complejidad a la hora de precisar el número de pacientes tratados por las distintas autoridades sanitarias correspondientes a cada uno de los tramos de precio fijados en la resolución”, indica el informe, el cual destaca que “todo lo anterior hace difícil comprobar el cumplimiento del límite fijado en las distintas resoluciones”.

Asimismo, critica que “el Ministerio no realizó ningún cruce de datos de los medicamentos sujetos a techo de gasto que han remitido los laboratorios, con otros datos externos, bien sea con los facilitados por las diferentes autoridades sanitarias en los ficheros relativos a la farmacia hospitalaria, bien solicitando a las diferentes comunidades autónomas información específica para controlar la veracidad de la remitida por los laboratorios”.

ESTABLECER UN SISTEMA ÚNICO

El informe del Tribunal de Cuentas finaliza con varis recomendaciones “orientadas a solventar algunas de las deficiencias detectadas en la fiscalización”, entre las que señala que “el Ministerio debería valorar la posibilidad de establecer un sistema único, entre la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la gestión de los datos de los sistemas informáticos Alcántara y Raefar, dado que ambas aplicaciones comparten diccionario de datos y funcionalidades comunes y están sujetos a procesos de sincronización y volcado de datos diario”.

Por último, advierte de que la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia “debería elaborar un manual de procedimientos en el que se definan las funciones y responsabilidades de las distintas áreas y unidades organizativas que la componen, procurando una adecuada segregación de funciones y extender a todos los aspectos de la gestión la elaboración de manuales de procedimientos”.