En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Maroto explicó las líneas básicas de la ponencia social que coordina para el próximo Congreso del PP, que se celebrará en febrero. Explicó que sobre el aborto recoge como punto de partida lo que decía el programa electoral y reconoció que no espera un debate “muy amplio” en ese cónclave. Preguntado expresamente por el recurso que parlamentarios de su partido presentado contra la ley de plazos, se declaró partidario de esperar a su resolución sin determinar lo que el Constitucional debería decir.

En ese punto comentó “con todo el respeto” que a veces las sentencias del Tribunal Constitucional “salen por peteneras”, y se declaró “muy sorprendido” por esa resolución que avala que las personas con discapacidad intelectual no puedan votar.

Maroto aseguró que comparte “cien por cien” la demanda del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y su tesis de que es “incompatible” que esas personas puedan presentarse como candidatos en una lista pero necesiten superar un examen para poder ejercer el derecho al voto activo. “No estoy de acuerdo con esa situación actual”, aseguró.

Dicho eso, y hablando de nuevo sobre el aborto, reafirmó su deseo de esperar a la resolución del Tribunal Constitucional, que “no es un órgano extraterrestre, pisa la tierra”, aunque a veces “no entienda sus sentencias”.

Maroto explicó que la ponencia incluye como puntos de partida asuntos sobre los que existe un consenso amplio entre las bases y el electorado del PP, y por eso no están otros más espinosos, como la maternidad subrogada o la custodia compartida, aunque esperan enmiendas sobre ello que se debatirán en el proceso congresual.

La ponencia respalda los cuidados paliativos y el testamento vital, pero Maroto dejó claro el “no” del PP a la eutanasia porque pese a saber que ese debate “está en la calle” no concibe dejar que alguien deje de vivir por sufrir una depresión, por padecer una enfermedad tratable o porque sus hijos han tomado una decisión que “no le gusta”.

Sobre la inmigración, defendió que ha de ser legal, ordenada, vinculada al empleo y respetuosa con los derechos y libertades de la sociedad que acoge. Precisó, en ese sentido, que las personas que ya están en España tienen que tener una “prioridad” a la hora de acceder al empleo y sobre la posibilidad de recuperar la propuesta del contrato de integración respondió que no se ha llegado a detallar esa opción. En todo caso, si un inmigrante no viene a trabajar, comentó, “habrá que preguntar a qué viene”.