Las nuevas normativas comunitarias obligan a que todas las capturas deberán conservarse a bordo, desembarcarse y deducirse de las cuotas y el pescado de talla inferior a la reglamentaria no podrá comercializarse para el consumo humano. Para facilitar la adaptación de los pescadores al cambio, la obligación se irá introduciendo paulatinamente, hasta 2019, en toda la pesca comercial en aguas europeas.

Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados, Tejerina también señaló que en la negociación sobre el 'Brexit' relativa a la pesca el Gobierno reclamará que no se limite solo a la disponibilidad de las posibilidades de pesca, “sino que también se vincule al acceso a las aguas y las condiciones de acceso al mercado para garantizar que no haya perjuicio a los operadores españoles”.

Asimismo, destacó que durante la pasada legislatura se vieron incrementadas las posibilidades de pesca de las especies más relevantes para la flota en prácticamente el 100%. Para la ministra, este resultado “es fruto de una política basada en el asesoramiento científico, el control y el aprovechamiento sostenible de los recursos” y añadió que se verá también potenciado tras la aprobación del nuevo Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca, que supondrá una inyección de más de 2.200 millones de euros en el periodo 2014-2020. Además, recalcó que los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y terceros países han pasado de 12 a 16.

De cara al futuro, Tejerina apostó por un sector “cada vez más sostenible y competitivo, más generador de riqueza y empleo, para consolidar el crecimiento y la estabilidad”.

Para ello, ha avanzado algunos de los compromisos del Ministerio paralos próximos años, que incluirán la defensa del sector en la aplicación de la prohibición de los descartes y la obligación de desembarque, de forma que suponga el menor perjuicio posible para la operatividad de las flotas.

En relación con el caladero nacional, planteó una revisión de los planes de gestión del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, Canarias y Mediterráneo, para actualizar sus disposiciones y continuar con el proceso de simplificación normativa, “con el objetivo de aprovechar de forma óptima las posibilidades de pesca, mediante la redistribución temporal de las mismas”.

En el caso concreto del Mediterráneo, planteó la adopción de medidas de salvaguarda a través del Plan de Gestión, junto con el impulso de medidas para todos los Estados ribereños, orientadas a la recuperación de esos recursos.

En este sentido, Tejerina aseguró que la recuperación del atún rojo “es ya una realidad”, lo que llevará a defender mayores posibilidades de pesca en las decisiones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico y especies afines.

Y en el ámbito estructural, para la mejora de la competitividad de la flota y la industria, la ministra explicó que se apoyará la constitución de las Organizaciones de Productores de la Pesca y la Acuicultura de carácter nacional, y se trabajará para facilitar el acceso del sector pesquero a la financiación mediante el impulso de los instrumentos financieros previstos en la normativa comunitaria.

Tejerina destacó como uno de los pilares de la política pesquera, el control de la actividad, “que se potenciará mediante la consolidación del sistema integral de inspección pesquera y la implantación de sistemas informáticos coordinados”.

En esta línea también, comentó que “se reforzará la posición de liderazgo que ha conseguido España en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para lo que se instará al resto de los países a que refuercen sus sistemas de control y se promoverá la aplicación armonizada de la normativa comunitaria en la UE”.