En un comunicado, la organización señaló que, este nuevo modelo, todavía en negociación, “supondría una vuelta al antiguo sistema consistente en un gravamen por copia privada sobre los soportes o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, incluidos los móviles y memorias USB”.

Las empresas y administraciones públicas quedarían exoneradas de su pago y se establecería la posibilidad de reclamar su reembolso a aquellos usuarios que puedan demostrar que han hecho un uso profesional de los dispositivos.

Para OCU, lo que se conoce por el momento del texto del borrador del nuevo real decreto “revela la escasa disposición del Gobierno para establecer un sistema capaz de reflejar la realidad de los consumidores”.

En primer lugar, porque “a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, el Gobierno no ha invitado a las organizaciones de consumidores a participar en las negociaciones para la elaboración de este texto, como tampoco lo hace de cara a las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea de cara al establecimiento de la nueva directiva sobre copyright”.

Además, “se trataría de nuevo de un instrumento para subsidiar a las entidades de gestión de derechos de autor, sin dejar que los consumidores puedan siquiera probar que los dispositivos que adquieren no van a almacenar copias de contenidos sujetos a derechos de autor y son para hacer copias privadas y, por tanto, obtener un reembolso por un canon que se les cobra injustamente”.

En opinión de OCU es fundamental repensar el sistema de remuneración por copia privada, “pues los hábitos de consumidores están cambiando de manera acelerada al extenderse el uso de soluciones en ‘streaming’ frente a la copia de contenidos sujetos a derechos de autor”.

De igual manera, “es necesario contar con un sistema armonizado a nivel europeo que tenga en cuenta esta realidad, que no penalice a la generalidad de los consumidores, que dé transparencia a la gestión que se hace de los derechos de autor y que impida la posibilidad de doble imposición a la que están sometidos en ocasiones los consumidores”, añadieron desde la organización.

Por último, señaló que “surgen dudas en cuanto a la repercusión que este nuevo canon tendrá sobre los precios, pues si la desaparición del sistema de 2011 no supuso una reducción de los precios por parte de los fabricantes de los dispositivos antes gravados, son muy altas las posibilidades de que ahora los fabricantes repercutan el nuevo canon sobre los consumidores”.