La AUC considera en un comunicado que tras las sentencias contrarias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo, el Gobierno estaba obligado a acabar con el actual modelo de compensación por copia privada, que había sustituido al canon digital asociado a soportes y dispositivos que permiten la grabación y el almacenamiento por la compensación de la copia privada a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Para AUC, la financiación de la copia privada a través de los Presupuestos era enormemente injusta al universalizar el pago por los ciudadanos, requería de condiciones para su aplicación imposibles de cumplir y además no daba satisfacción al requerimiento europeo sobre la modificación del canon digital.

La asociación reitera su posición de que, si bien los deudores últimos del futuro canon pueden ser los usuarios finales, en realidad debería recaer dicho pago sobre aquellos agentes de la cadena de valor que más se benefician de las descargas o del acceso on line a contenidos audiovisuales sin autorización expresa de los derechohabientes, en concreto, las empresas tecnológicas que comercializan los dispositivos y soportes, y los operadores de telecomunicaciones con sus ofertas de ADSL y banda ancha.