La norma salió adelante por 258 votos a favor, 72 en contra y nueve abstenciones. Los populares sumaron los apoyos de PSOE, Ciudadanos, PNV y de formaciones integradas en el Grupo Mixto como Coalición Canaria, Foro Asturias o PdeCat. Podemos votó en contra.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, fue el encargado de defender la norma y explicó que el texto contempla que se alargue dos años el plazo que tiene el Estado para vender su participación en Bankia y BMN, que en ambos casos supera el 65% del capital.

Con esta medida, la privatización de Bankia se alargará hasta finales de 2019 y la de BMN hasta marzo de 2020. De Guindos quiso dejar claro que, pese al cambio que introduce el decreto, “nada impide que se haga –la desinversión- sin agotar el plazo”.

Así, subrayó que esta norma permite la “compatibilidad” de la necesaria desinversión con la “maximización” de lo que se puede obtener con la venta de Bankia y BMN.

Además, el decreto recoge una modificación del régimen contable de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Por último, se incluye que España pondrá a disposición de Junta Única de Resolución un importe máximo de 5.291 millones de euros, equivalente a la aportación que tendrán que hacer los bancos al fondo de la misma hasta 2024.

AMPLIO RESPALDO

José Javier Lasarte, diputado del PSOE, puso de manifiesto dudas sobre el impacto que podrían tener en el déficit algunas medidas, reclamó más “transparencia” en la gestión de Sareb y consideró que el retraso de la privatización de entidades nacionalizadas “salvaguarda el interés general”.

Desde las filas de Ciudadano, el diputado Francisco de la Torre señaló que es de “sentido común” ampliar el plazo para vender Bankia y BNM, pues de lo contrario los interesados tratarían de “comprar al precio más barato posible” y supondría un “perjuicio para los contribuyentes”.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, mostró su respaldo a la propuesta porque es “lógico” ampliar el plazo para la desinversión pues hay que garantizar que se va a “maximizar” la recuperación de las ayudas públicas.

Mientras, la diputada de ERC Ester Capella dijo que su grupo se abstiene porque el decreto es un “popurrí”, que recoge “cosas que podíamos compartir”.

Por el contrario, el portavoz de Podemos en el debate del decreto, Alberto Montero, se mostró crítico con la medida relacionada con Sareb, pues supone “maquillar sus cuentas”; y apuntó “discrepancias de fondos” en el contenido de la norma, pues se dice que recoge cambios técnicos cuando tiene repercusiones económicas y sociales. Además, pidió no privatizar Bankia y BNM para que España cuente con una banca pública.