Montserrat se refirió a esta cuestión en el Pleno de la Cámara Alta, donde el senador del Partido Popular Jesús Ramón Aguirre le preguntó sobre las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para “reducir el consumo de alcohol en los menores”.

La ministra hizo hincapié en que la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, que tiene lugar en el Senado, “es el espacio idóneo”, para que “todos los agentes implicados puedan aportar sus propuestas y alcanzar los consensos necesarios para impulsar el proyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores de edad”.

Asimismo, destacó su intención de complementar este espacio con “la consulta pública previa que promoveremos desde el Ministerio para que cualquier ciudadano, organización o asociación nos pueda realizar sus aportaciones” para llevar a cabo esta ley, algo que “seguro que conseguiremos”.

”El objetivo común es conseguir el consumo cero de alcohol en menores”, explicó la ministra, al tiempo que lamentaba las “cifras muy preocupantes” que tiene España en materia de consumo en menores, ya que, “2014 el 68% de menores entre 14 y 18 años había consumido alcohol en el último mes” y “la edad de inicio de consumo de alcohol de manera ocasional empieza a los 13,8 años”.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Otro de los objetivos que la ministra pretende conseguir con esta ley es “promover un cambio cultural y de percepción de la sociedad en cuanto al consumo de alcohol en menores”, al igual que "lo hemos conseguido con la ley de violencia de género, el consumo del tabaco o el carné por puntos”.

La ley se basará en “la prevención en el ámbito familiar y educativo de manera complementaria y en el ámbito de ocio y tiempo libre planteando alternativas que sean atractivas sin asociarlas al consumo del alcohol” y por otro lado en la “sensibilización instaurando el debate en la sociedad para que todos tomemos conciencia real del riesgo para la salud del consumo del alcohol por nuestros menores”.

Para conseguirlo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espera lograr “el consenso político y social con todos los agentes implicados”, como son las comunidades autónomas, las entidades locales, los grupos parlamentarios, representantes de padres y madres, el sector educativo y los demás sectores implicados.