El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado mes de noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

La Alianza por el Clima presentó hoy un documento de propuestas después de que este lunes se cumpliera el primer año del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 por 195 países y la UE, y que entró en vigor el pasado 4 de noviembre después de que al menos 55 Estados que suman un mínimo del 55% de las emisiones globales de efecto invernadero lo ratificaran en la ONU.

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para solicitar reuniones y dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy.

El documento, recogido por Servimedia, propone como objetivo de mitigación que la norma sea “lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050”, es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

Las ONG indican que los escenarios de trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030 asumidos por el Gobierno español “no suponen una reducción de emisiones respecto a las actuales, sino que plantean un continuo incremento”, incluso aunque se adopten medidas adicionales

“Pedimos mayor amplitud de miras a los responsables políticos, pues evitar dejar gran parte del esfuerzo de nuestro país para después de 2030 supondría mayores costes económicos, ecológicos y sociales para el conjunto de la población. Recordemos que la UE ha asumido el compromiso de reducción de emisiones de entre el 80% y el 95% para 2050 respecto a 1990, lo que hace inevitable que España tenga que asumir una ambición mucho mayor en el futuro”, apunta el informe.

ALGUNAS MEDIDAS

Para ello, las ONG proponen medidas en los sectores energético (reactivar el Plan de Fomento de las Energías Renovables, potenciar las inversiones en energías limpias e impulsar el autoconsumo), industrial (menos sectores con asignaciones gratuitas de derechos de emisión y limitar la captura y el almacenamiento de carbono a las instalaciones ya existentes) y transporte y movilidad (ley de movilidad sostenible que fomente desplazarse a pie, en bicicleta o en transporte colectivo; impulso de la red ferroviaria convencional, electrificación del parque automovilístico y reducción de los límites de velocidad en calles y carreteras).

Además, lanzan propuestas en bosques y biodiversidad (que las medidas de compensación de sumideros de carbono sean para restaurar zonas degradadas y no a extensas plantaciones de monocultivos forestales, prevenir la deforestación y reorientar los incentivos a los biocombustibles de primera generación hacia los de segunda y tercera) y sector agrario (fomento de la agricultura ecológica y apoyo de los canales cortos de comercialización).

El documento también recoge iniciativas en materia de residuos (obligación de la recogida ‘puerta a puerta’ u otros sistemas similares, plantas de compostaje e impuestos a la incineración) y edificación (limitar la expansión residencial y de zonas empresariales alejadas de centros urbanos, fomentar los materiales de construcción y rehabilitación según su ciclo de vida y huella de carbono, e impulsar la rehabilitación energética de viviendas y edificios).