Esta federación criticó en una nota que, en el presente ejercicio, “la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid ha resuelto la principal convocatoria de subvenciones para ONG y centros de atención a personas con discapacidad con una demora importante respecto a otros años, cuando falta apenas menos de un mes para que termine el año y cuando las entidades habían hecho una planificación económica anual que ahora se ve trastocada, dado que muchas de ellas han tenido que pedir líneas de crédito con entidades bancarias”.

En el comunicado, la organización asegura que “la Secretaría General Técnica no es capaz de confirmar cuándo se producirá el pago de las ayudas. Famma teme que pueda haber recortes en la concesión de estas ayudas y reitera que estamos hablando del futuro de más de 70.000 personas que acuden todos los años a la federación y a sus organizaciones miembro para mejorar su calidad de vida. Este impago supone abocar a muchas de las entidades a una delicada situación económica, a reestructuraciones de plantilla e incluso al cierre, en el peor de los casos”.

“Dicho modo de proceder por parte de la Comunidad de Madrid no se entiende, especialmente teniendo en cuenta la sensibilidad que muestra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, hacia el colectivo de personas con discapacidad”, agrega.

Para esta organización, el retraso en el pago de las subvenciones, así como el anunciado recorte en las cuantías a percibir, no ofrece seguridad a las entidades del sector de la discapacidad, poniendo en peligro la viabilidad de muchos proyectos y programas sociales en pro del bienestar de las personas con discapacidad de la región y ocasionando una evidente “inseguridad” en el colectivo y sus familias.

Además, reiteró que “es inaudito el lamentable trato que, con este modo de proceder, dispensa la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid a las personas con discapacidad de la región, que son las principales perjudicadas con el impago de las subvenciones”.

La federación lamenta la manera de proceder de la Consejería, dado que, indica, con los retrasos en el pago de las subvenciones se está perjudicando a miles de personas con discapacidad y sus familias en la región, que son las beneficiarias últimas de los servicios y programas de atención que prestan las entidades sociales de la discapacidad.

Por ello, la federación no descarta convocar concentraciones ante la puerta de la Consejería de Políticas Sociales y Familia si no se resuelve este problema de inmediato.