Valor se enfrenta a una petición de cinco años y tres meses de prisión de la Fiscalía, que cree que colaboró para conceder el contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano a la empresa de Correa Technology Consulting Management. A cambio de esa adjudicación, los que intervinieron en la operación cobraron 240.000 euros entre los años 2002 y 2004, según la Fiscalía.

Ese contrato proporcionó al supuesto cabecilla de la 'red Gürtel', Francisco Correa, unos presuntos "ingresos indebidos" de alrededor de 359.638 euros y unos beneficios que superaron los 271.096 euros, por el inflado del coste de la contratación.

Según declaró este lunes el técnico municipal, “todo pasaba por la mano del concejal. Yo no podía hacer nada sin que me lo ordenase mi concejal”. Valor explicó que poco antes de los hechos investigados su cuñado fue víctima del atentado del 11-M en Madrid y que su estado de ánimo era pésimo, por lo que durante un tiempo delegó en su “gente” la comprobación de los detalles de las contrataciones y los pliegos que se presentaban a concurso.

“Mi gente comprobaba todas las facturas. Yo no conocía los pliegos, a mí me llegaban ya cerrados y yo daba por hecho que mi gente lo había comprobado todo”, relató antes de insistir en que el “concejal llevaba las riendas de la contratación. (…) Lo llevaba él personalmente y cuando a mí me llegan, yo hago lo que me encargan”.

Pese a que muchos de los documentos ligados a la contratación llevan su firma, Valor dijo que no conoció nunca a Correa, ni tampoco a su `número dos´, Pablo Crespo. También negó haber tenido trato alguno con el contable de la supuesta trama, José Luis Izquierdo, con el asesor Javier Nombela o con la administradora de las empresas de 'Gürtel', Isabel Jordán, pese a que la firma de algunos de ellos está plasmada en las adjudicaciones.

La fiscal cree que el acusado fue quien emitió los distintos informes para conceder el contrato, "sabedor de que el órgano de contratación, confiado en su supuesta objetividad y cualificación técnica, los asumiría y aprobaría".

En un momento del interrogatorio, el presidente del tribunal Ángel Hurtado, preguntó al acusado si éste fue su primer trabajo en un ayuntamiento, a lo que Valor respondió afirmativamente y se interesó por saber si había recibido alguna remuneración extra o si “no ha recibido ni más ni menos que su sueldo”, a lo que el acusado respondió que nunca cobró nada más allá de su salario.

EL DELATOR

Tras la sesión de este lunes aún quedan por celebrarse cinco jornadas más del juicio, fijadas para los días 13, 14, 15, 19 y 20 de este mes. En ellas, el tribunal escuchará testimonios decisivos. Uno de los más esperados es el del delator de la trama, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas Domingo, que grabó durante años conversaciones con Correa en las que quedaba al descubierto cómo funcionaba la trama y que será el primero en declarar cuando se reanude la vista.

La Fiscalía pide a José Luis Peñas seis años y cinco meses de prisión, pero también solicita que se le aplique la atenuante de confesión en todos los delitos. Las conversaciones grabadas por el exconcejal dieron lugar hace más de siete años a la investigación del caso.

Después de Valor, le tocará el turno al exconcejal del Partido Popular Juan José Moreno Alonso, para el que el ministerio público pide 24 años y dos meses de cárcel. El tribunal ha decidido adelantar la declaración de Peñas porque prevé que será más larga. Por eso, la sesión del martes, día 13, se prolongará a la tarde.

El exconcejal 'delator' será interrogado sobre un total de 18 horas de conversaciones recogidas durante dos años en diferentes encuentros con el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y otros integrantes de la red. Peña fue el delator de la supuesta red corrupta, al entregar esas grabaciones a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la instrucción Peñas ha sostenido que las grabaciones fueron hechas con una única grabadora que le regaló el propio Correa. El abogado del supuesto cabecilla de la Gürtel sostuvo al inicio de la vista oral que las grabaciones “fueron objeto de edición y expurgado” de todo “lo que no le interesase” a Peña y denunció que se rompió la cadena de custodia. El tribunal rechazó sus argumentos y validó las grabaciones como prueba.

Antes de Navidad también declarará el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, apodado `El Rata´, para quien la Fiscalía solicita 50 años y 10 meses de prisión, una de las penas más altas que se solicitan en este juicio, tras la de Correa (125 años y un mes) y la de su mano derecha, Pablo Crespo, para el que pide 85 años y seis meses. Se le responsabiliza de adjudicar contratos al Grupo Correa a cambio de dinero. Se estima que cobró 255.076 euros de empresas adjudicatarias.